El director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha asegurado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el informe que se ha presentado en la Audiencia Nacional, y que apunta a que existieron avisos previos de flujos migratorios importantes en Ceuta los días anteriores a la avalancha el pasado 30 de julio, no atribuye a Marruecos “la planificación o ejecución” de esa crisis migratoria. Pardo Piqueras se ha reunido durante esta mañana con los responsables de Extranjería y ha conocido por primera vez los detalles de dicho documento que se envió el lunes a la magistrada María Tardón y cuyo contenido se filtró este martes por la noche. Eso provocó el enfado de Grande-Marlaska, que desconocía lo ocurrido y de madrugada envió una inusual carta al director policial para que le explicara si realmente existía información que apuntaba a Rabat.
El informe fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF), una suerte de órgano de inteligencia que está incardinado dentro de la Comisaría General de Extranjería. De acuerdo a las fuentes de Interior, la magistrada Tardón “dio órdenes” a los responsables policiales de que no facilitaran a sus superiores “información alguna sobre la elaboración y contenido” del documento. Por ello, Francisco Pardo-Piqueras no conoció previamente lo que se había redactado, dicen.
El Español publicó a última hora de este martes que Tardón ya tenía sobre la mesa el dosier que apuntaba a que gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano guiaron a los migrantes con el fin de colapsar el sistema fronterizo y violar la frontera española bajo la apariencia de un problema de inmigración. Según confirman también fuentes policiales a este periódico, dicho documento analiza con detalle todas las imágenes y vídeos que se han visto sobre el terreno.
La noticia cayó como un jarro de agua fría en el Gobierno, que desconocía totalmente el contenido de este análisis que se había remitido a la Audiencia Nacional, si bien fuentes policiales aseguran que el material con el que se había elaborado el informe sí se había detallado ante la Secretaría de Estado de Seguridad durante diversas reuniones y avisos todas estas semanas atrás.
Grande-Marlaska exigió al director general de la Policía, mediante una misiva de madrugada, que le transmitiera si realmente los agentes estaban manejando esa información. “De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad”, reflejó.
En esta carta, a la que tuvo acceso EL PAÍS, Grande-Marlaska señalaba que era importante disponer de esa información para que “en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas” en Ceuta, “en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”.
La cuestión de si Marruecos estuvo o no tras lo ocurrido a finales de julio es nuclear en esta crisis, puesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente que no existe ningún indicio que haga sospechar que Rabat pudo organizar a los migrantes. Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER este mismo lunes, señaló que el país vecino ofreció una “cooperación instantánea, inmediata” y aseguró que se estaba colaborando de forma estrecha para las devoluciones. El líder del PSOE insistió en que tras lo sucedido podían estar mafias, pero siguió la línea marcada antes por Grande-Marlaska, que aseguraba que nunca hubo información suficiente de que un número tan elevado de personas fuera a cruzar la frontera.
Durante la mañana de este miércoles, Pardo Piqueras ha citado en su despacho a dos responsables de Extranjería —el comisario general Juan Ávila, el comisario Alfredo Miravete—, de los que depende la unidad que ha elaborado el informe bajo el foco, y el comisario general de Información, Javier Antonio Susín. De acuerdo a las fuentes de Interior, la juez de la Audiencia Nacional permitió esta misma mañana que el equipo investigador diera acceso a sus superiores a dicho informe. Tras verlo, Pardo Piqueras ha comunicado al ministro que “no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”.
Respecto al aviso que la CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos, y que se incluye en los anexos de este informe, el director general de la Policía ha explicado a Grande-Marlaska que se trató de una alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente.
A la espera de la Fiscalía
Lo cierto es que, de momento, la jueza Tardón tiene en su mesa este documento policial que trasladó este martes a la Fiscalía para que se pronuncie. La magistrada decidió el pasado 31 de julio dar un primer paso para iniciar una investigación después de que el partido Iustitia Europa denunciara la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma. Antes de abrir una causa, la instructora pidió distintos informes policiales tanto a la Policía como a la Guardia Civil para aclarar si lo ocurrido se trató de “una acción concertada o dirigida” por algún “grupo criminal” o cualquier otro actor y si, en su caso, el Gobierno manejaba cualquier tipo de información previa.
Una vez la Unidad de Extranjería contestó, la jueza ha remitido la información a la Fiscalía para que esta aclare si el asunto es competencia de la Audiencia Nacional, según informan fuentes judiciales. Está previsto que, tras la contestación del ministerio público, la magistrada dicte un auto que decida si efectivamente hay material suficiente para iniciar una investigación y si esta debe quedarse en ese órgano judicial porque afecta a la seguridad del Estado o trasladarse a un juzgado ordinario de Ceuta.
En la denuncia de Iustitia Europa se planteaba que la “movilización” de personas migrantes de Marruecos a Ceuta no podía “ser calificada como un fenómeno migratorio ordinario o espontáneo” por la “dimensión temporal y la concentración de miles de individuos lanzándose simultáneamente al mar desde las costas marroquíes”. “Nos encontramos ante una instrumentalización de flujos migratorios que, por su volumen y forma de ejecución, supone un desbordamiento de las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de acogida, comprometiendo la integridad territorial y la seguridad pública en una frontera exterior de la Unión Europea”, exponía.
