La voracidad fiscal argentina no es patrimonio exclusivo de ningún nivel de gobierno, tampoco la evasión se reduce a ningún sector económico. De hecho las “retenciones” federales y los ingresos brutos provinciales, no son justamente ejemplos de política atenta a garantizar adecuadas condiciones al tejido económico.

En la misma lógica, hay gobiernos locales que abusando de alguna circunstancia, cargan sobre productores y consumidores tasas exorbitantes e injustificadas.

Hasta ahí, la historia conocida. Por suerte, ha emergido una reacción socio-cultural, y comienzan a sucederse los fallos que pretenden poner las cosas en su lugar.

Ahora bien, digamos todo; voy a poner ejemplos concretos:

a/ Un Intendente de una localidad pequeña recibe a una directora de una escuela (provincial), que le informa que en la última tormenta colapso la instalación eléctrica. El Intendente dispone de cuadrilla y materiales, compra lo necesario e invierte 10 millones, para que los niños/as no pierdan días de clase, con la convicción que el gobierno provincial (que venía dilatando la respuesta) le reembolse ese costo; la respuesta ocurre un año tarde, a valores constantes y de manera parcial.

b/ Frente a un episodio de violencia no resuelto (aun) por la Justicia; los familiares de una victima le piden al Intendente un lugar de alojamiento seguro para la misma. El Ministerio Provincial responsable, no da respuestas; el Intendente decide alquilar una casa y dotarla de seguridad. El gobierno provincial no le reconoce esas erogaciones.

c/ Los gobiernos nacional y provincial deciden un ajuste, con impacto en la inversión en infraestructura; el camino de acceso a la ciudad tiene 4 km desde la ruta provincial y en un 70% está fuera del ejido municipal. Si no se arregla, los colectivos de media-larga distancia no entran al pueblo. El Intendente posterga el arreglo de calles internas (su competencia) para resolver lo que correspondía a otros niveles del estado.

Como hace más de 30 años trabajo con gobiernos locales, podría escribir decenas de casos como los señalados.

La ampliación de demandas sobre el sector público ha sido constante en este plazo: ambiente, integración de personas con discapacidad y mascotas son solo 3 ítems muy visibles. Esa presión, siempre encuentra una primera respuesta en los gobiernos de proximidad.

La cultura política argentina, ha sumado de manera desordenada y agregativa roles, y no ha discutido ni resuelto adecuadamente, los estándares de calidad, la integración tecnológica de las jurisdicciones (gobernanza multinivel), ni el modo de financiamiento.

En ninguna de las tres situaciones arriba descriptas, por distintas causas, hay posibilidad de fijar una tasa que financie esas actividades.

Limitar el poder impositivo de cualquier nivel del estado, es una conquista en defensa de la propiedad de los individuos que legítimamente se esfuerzan y generan riqueza. Ignorar la complejidad del tema, es una respuesta infantil a un problema cuya centralidad puede determinar en gran parte la calidad de vida de nuestro país.

La arquitectura del estado argentino es defectuosa, y por supuesto dentro de sus déficits están las superposiciones, la desprofesionalización y la cultura de irresponsabilidad fiscal persistente; pero tal descripción alcanza a todos los niveles del estado, y la solución no es agárrasela con el eslabón más débil como chivo expiatorio, sino construir respuestas sin atajos ni chicanas.

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