El próximo mes de diciembre, PP y Vox en Extremadura van a aprobar los segundos presupuestos de la legislatura en la Asamblea regional. Unas cuentas que se encuentran en tramitación parlamentaria y donde se recogen, de nuevo, importantes recortes en organismos dependientes de la Consejería de Desregulación, en manos de Vox. En lo destinado al Consejo de la Juventud de Extremadura, los fondos van a reducirse casi a la mitad de la financiación autonómica para el próximo año. En concreto, la transferencia prevista pasa de 763.382 euros en 2026 a 392.635 euros para el próximo ejercicio, una reducción de 370.747 euros, equivalente al 48,6%. Entre los capítulos que más sufren, el destinado a gastos corrientes, el cual pasa de 352.703 euros en 2026 a tan solo 28.300 euros en 2027.

La presidenta del Consejo de la Juventud (CJex), Lidia Solana, advierte de que esta distribución presupuestaria amenaza con dejar al organismo prácticamente sin capacidad de actuación. “El presupuesto que nos han dejado es para pagar las nóminas”, lamenta. Solana considera que mantener la estructura administrativa sin recursos suficientes para desarrollar proyectos supone vaciar de contenido las funciones de una institución dedicada a representar los intereses de los jóvenes extremeños.

Por ello, considera que semejante disminución presupuestaria limitaría considerablemente su capacidad para promover la participación de los jóvenes extremeños y desarrollar iniciativas destinadas a responder a sus necesidades.

A la reducción de los gastos corrientes se suma la desaparición de la partida destinada a inversiones, investigación y recopilación de datos, que contaba con 84.354 euros. Según explica la presidenta del CJEx, los recursos se utilizan para elaborar estudios sobre las condiciones de vida de la juventud extremeña y contribuir al diseño de políticas públicas relacionadas con la vivienda, el empleo, la educación o la salud mental.

Entre sus iniciativas figura el Observatorio de Emancipación, que analiza las dificultades de los jóvenes para independizarse, así como seminarios de investigación en los que participan universidades españolas y portuguesas. También desarrolla proyectos relacionados con la salud mental en las aulas y actividades de formación y participación en el medio rural.

Solana sostiene que eliminar esta financiación supone “un grave retroceso” para conocer las necesidades de los jóvenes y diseñar respuestas eficaces. La presidenta defiende que las políticas de juventud deben elaborarse contando con sus protagonistas y no únicamente desde los despachos de la Administración.

El Ejecutivo autonómico justifica los ajustes presupuestarios en la necesidad de racionalizar el gasto público y evitar que diferentes organismos desarrollen actuaciones similares. En este caso alegan que la administración extremeña está revisando los programas y gastos del Consejo para determinar cuáles podrían ser asumidos por el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX).

El vicepresidente Óscar Fernández ya anunció en la Asamblea de Extremadura una “revisión profunda” de las actividades del organismo. El líder de Vox en la región defendió que carecía de sentido financiar desde distintas instituciones proyectos que podían desarrollarse desde una sola estructura administrativa.

La Junta recuerda, además, que la legislación permite al Consejo obtener recursos de otras administraciones, subvenciones, donaciones y aportaciones privadas. Por tanto, sostiene que la transferencia recogida en los presupuestos autonómicos no tiene por qué representar la totalidad de sus ingresos.

El Consejo rechaza, sin embargo, que sus funciones sean equivalentes a las del Instituto de la Juventud. Su presidenta distingue entre la gestión de programas públicos y la investigación independiente sobre las condiciones de vida de los jóvenes. “Un plan de juventud no es investigación, es necesario, pero no es investigación; esta reducción va más allá de una reorganización administrativa, ya que con ello se busca silenciar una voz incómoda”, traslada Solana.

El organismo, cuya trayectoria se remonta a 1985, reivindica su papel como espacio de participación plural y de interlocución entre las asociaciones juveniles y las instituciones públicas. A partir de ahora, su Comisión Ejecutiva confía en abrir negociaciones con los grupos parlamentarios para modificar las partidas, de cara a las enmiendas parciales, antes de la aprobación definitiva de las cuentas el próximo mes de diciembre.

Otra de las grandes damnificadas de estos presupuestos autonómicos para 2027 vuelve a ser la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, blanco constante desde que la ultraderecha llegó al gobierno regional. En los presupuestos de este año, lo destinado baja hasta los 2,7 millones de euros; el anterior gobierno de María Guardiola venía de invertir 10,9 millones de euros, partidas que ya se habían reducido de manera significativa con respecto al gobierno de Guillermo Fernández Vara. La consejería gestionada por Óscar Fernández baja de nuevo la cuantía en un 52% hasta los 1,27 millones de euros, lo que deja a la agencia, aún más, sin capacidad de actuación.