El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos nuevos decretos que articulan distintas subvenciones en materia de vivienda. Con ambas medidas, el Gobierno busca incrementar la oferta de casas asequibles en aquellos territorios declarados como zonas tensionadas y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a la vivienda tanto para profesores universitarios como para los alumnos en distintos puntos de la geografía española.
El primero de los paquetes de subvenciones se conforma de 180 millones para las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. El real decreto, que no requiere convalidación parlamentaria y se adopta a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, concede ayudas directas para incrementar la oferta de casas asequibles en los 317 municipios que forman parte de estas áreas donde los precios de alquiler están limitados.
Esas localidades se encuentran repartidas en cinco comunidades, que recibirán las ayudas de forma proporcional a la población que reside en las áreas tensionadas. El grueso, más de 119 millones, irá a Cataluña, que fue pionera en la declaración de estas zonas y tiene ya 271 (incluyendo Barcelona) con control de precios. El País Vasco recibirá 31 millones para dedicarlos a los 18 municipios tensionados, que incluyen a las tres capitales provinciales.
El resto de las ayudas se destinarán a Navarra (21 municipios y 13,3 millones), Asturias (5 municipios y 5,9 millones) y Galicia, donde la Xunta ha declarado tensionados A Coruña y Santiago de Compostela a propuesta de sus ayuntamientos, gobernados por la izquierda. Al tratarse de dos ciudades de cierto tamaño, la única comunidad del PP que hasta ahora se ha acogido a esta posibilidad contemplada en la ley estatal de vivienda recibirá 10,2 millones.
Las subvenciones, ha defendido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, buscan dar cumplimiento por parte del Estado a lo que establece la ley de vivienda. Esta recoge que, al declarar un área tensionada, todas las administraciones deben aplicar medidas para intentar revertir esa situación y aumentar la oferta de casas asequibles.
En concreto, señala Vivienda, el dinero podrá usarse para impulsar la construcción y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible o social, así como para desarrollar fórmulas habitacionales alternativas orientadas a ampliar la oferta disponible. Los fondos también permitirán a las comunidades autónomas adquirir suelo con uso residencial, tanto de forma directa como a través de organismos públicos dependientes, con el objetivo de facilitar futuros proyectos de vivienda protegida.
Además, podrán destinarse a la urbanización y desarrollo de nuevos terrenos residenciales, una de las principales carencias que las administraciones identifican para incrementar el parque de vivienda asequible. La financiación contempla igualmente la compra de viviendas ya construidas para incorporarlas al mercado de alquiler social o a precios asequibles, reforzando así la capacidad pública para atender la demanda existente.
Por último, las comunidades podrán emplear parte de estos recursos para cubrir los impagos en contratos de arrendamiento, una medida con la que se busca ofrecer mayores garantías a los propietarios y favorecer que más viviendas salgan al mercado del alquiler. En conjunto, el objetivo es actuar sobre todas las fases del proceso, desde la disponibilidad de suelo hasta la gestión del alquiler, para aumentar la oferta y facilitar el acceso a una vivienda a precios más accesibles.
Siete proyectos
El segundo de los decretos anunciados por Rodríguez va dirigido a la comunidad universitaria, uno de los colectivos con mayores dificultades para encontrar alojamiento por el carácter temporal de buena parte de las estancias académicas, tanto de estudiantes como de personal docente e investigador. La norma, dotada con 45 millones de euros, financiará de forma directa siete proyectos de alojamiento universitario que el Ministerio de Vivienda considera viables a corto plazo, con el objetivo de ampliar la oferta residencial asequible, facilitar la movilidad académica y aliviar la presión sobre el mercado del alquiler en las principales ciudades universitarias. En una primera fase, el departamento prevé la creación de unos 2.000 alojamientos repartidos entre seis comunidades autónomas.
Los fondos se repartirán entre siete proyectos promovidos por universidades y administraciones locales de distintos puntos del país, con la siguiente distribución: la Universidad Autónoma de Madrid recibirá 13,3 millones de euros; la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, 8,1 millones; la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, 6,5 millones; la Universidad de Burgos, 5,9 millones; la Universitat Jaume I de Castelló, 4,5 millones; la Universidad de Jaén, 3,5 millones; y el Ayuntamiento de Lleida, 2,9 millones.
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