A menos de tres semanas de la elección que definirá a los nuevos representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, la disputa comenzó a subir de tono. El candidato de La Libertad Avanza, Luis Palomino, apuntó contra dos dirigentes a los que atribuyó influencia sobre el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces: Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos.
"Todos sabemos que los concursos son amañados. Al Consejo lo gobierna el grupo de Olmos y el grupo de Angelici", lanzó Palomino durante una jornada realizada en Mendoza organizada por la Suprema Corte de Mendoza, donde expusieron dos referentes de las listas que competirán el 20 de octubre, Palomino y Diego Molea, consejero electo por los académicos pero además articulador de una lista peronista.
Las declaraciones expusieron la tensión que rodea a una elección clave para la futura composición del organismo. El próximo 20 de octubre, los abogados con matrícula federal activa de todo el país votarán para renovar sus cuatro representantes para el período 2026-2030.
Palomino encabeza Abogacía por la Libertad, la lista con la que el oficialismo nacional buscará ingresar con representantes propios por ese estamento. Concejal de Vicente López y ex subsecretario de Empleo de la Nación, el dirigente está alineado con el sector de La Libertad Avanza que conduce Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.
Durante su exposición, Palomino cuestionó especialmente el funcionamiento de los concursos para cubrir cargos judiciales. Planteó que existe una suerte de “endogamia” que favorece a quienes ya forman parte del Poder Judicial frente a los abogados provenientes del ejercicio profesional.
El candidato libertario reclamó cambios en el reglamento de selección, entrevistas estructuradas para los postulantes y mecanismos de auditoría sobre el funcionamiento del Consejo. También sostuvo que el objetivo debería ser “profesionalizar la Justicia”.
La discusión se produjo durante una jornada sobre transparencia en la selección de magistrados realizada en la Universidad Congreso, en Mendoza, y organizada, entre otros, por la Suprema Corte provincial. Allí también participó Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y consejero electo por el sector académico.
Molea, que participa además del armado político de Abogacía Federal, coincidió en cuestionar las presiones que existen alrededor del Consejo, aunque dirigió sus críticas tanto hacia la política como hacia sectores privados.
Según planteó, alrededor del organismo operan distintos grupos de poder que intentan incidir sobre sus decisiones. Y buscó diferenciar al espacio que impulsa de las otras listas al asegurar que sus candidatos tienen autonomía para participar de los debates.
La elección encuentra a los principales sectores políticos y de la abogacía distribuidos en cuatro listas.
Una de ellas es Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto “Nacho” Biglieri. En ese armado confluyen sectores de la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y dirigentes vinculados al radicalismo porteño. Allí tiene influencia Angelici, expresidente de Boca y dirigente de peso en la UCR de la Ciudad.
En esa lista aparecen otras polémica. Uno de los que la integran es Eduardo Bittar, actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.
En esa provincia sostienen que Bittar tiene denuncias penales por presuntos delitos de estafa y defraudación. E incluso aseguran que en la Justicia federal habría expedientes abiertos por presunto lavado de activos y evasión que tramitarían ante el juzgado federal numero tres a cargo de Hugo Miguel Vaca Narvaja y la fiscalía federal número dos a cargo del fiscal Carlos Casas Noblegas. El abogado Facundo Garade Panetta fue uno de los que denunció esos antecedentes.
Las acciones judiciales contra Bittar se originaron en la compraventa presuntamente fraudulenta de la "Estancia El Cautivo" dentro del juicio sucesorio de Juan Feliciano Manubens Calvet.
Se denunció una maniobra de "precio vil declarado" y la existencia de un presunto circuito informal de pagos irregulares que afectó el patrimonio sucesorio.
La sucesión de Manubens Calvet, el dirigente político cordobés, tuvo impacto en esa provincia.
Otra de las listas es Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que lleva como primera candidata a Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba. En segundo lugar aparece Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público porteño. Ese espacio fue articulado, entre otros, por Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación y dirigente histórico del peronismo porteño.
La cuarta nómina es Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata. En su armado confluyen sectores vinculados a Molea, al senador radical Maximiliano Abad, al exconsejero Miguel Piedecasas y al gobernador cordobés Martín Llaryora.
Así, la elección muestra un escenario fragmentado, con sectores del radicalismo y del peronismo repartidos entre diferentes listas y con La Libertad Avanza compitiendo con una boleta propia.
La discusión por la selección de jueces
La pelea electoral se cruza, además, con otro debate que atraviesa al Consejo: la reforma del mecanismo para seleccionar magistrados.
La Corte Suprema propuso modificaciones al reglamento de concursos y el tema generó diferencias dentro del organismo. Molea cuestionó que el proyecto pueda ser aprobado sin una discusión amplia y planteó incluso el interrogante sobre hasta dónde puede avanzar la Corte en una materia que corresponde al Consejo.
El académico adelantó que no acompañará una aprobación automática del nuevo reglamento y destacó que el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, también sostuvo que la propuesta debe ser debatida.
La discusión no es menor. El Consejo interviene en los concursos y elabora las ternas de candidatos para ocupar juzgados federales y nacionales, además de ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados y participar en los procesos que pueden derivar en su remoción.
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