El viernes 2 de octubre el PP anunció una nueva “ofensiva” contra el Gobierno en el Senado. Su portavoz, Alicia García, adelantó que la cámara aprobaría la semana siguiente la creación de la que habría sido la octava comisión de investigación de la legislatura, esta vez por la avalancha fronteriza en Ceuta. Los planes del partido de los populares se fueron al traste tres días después: Pedro Sánchez convocó elecciones el 29-N y las Cortes Generales fueron disueltas en un Consejo de Ministros extraordinario. “Esa última declaración de intenciones del PP resume cómo durante toda la legislatura ha utilizado al Senado como un estilete contra el Gobierno”, resume Enrique del Olmo, uno de los impulsores desde la sociedad civil de la coalición de izquierdas que, tras casi un año de intermediación, cristalizó en el pacto entre PSOE y Frente Amplio para presentarse juntos a la cámara en 43 provincias.
“Si el PP no hubiera convertido los últimos tres años al Senado en una máquina de oposición contra un Gobierno cuya legitimidad ponía en duda, posiblemente las listas conjuntas no habrían sido posibles”, reflexiona un miembro de la dirección federal del PSOE. Alberto Núñez Feijóo afirmó en noviembre de 2023, tras la investidura de Pedro Sánchez, que el PP iba a “defender España desde el Senado”. Dicho y hecho. Coincidiendo prácticamente con la declaración de intenciones de Feijóo, el PP empezó a aplicar con rodillo su mayoría absoluta y aprobó la primera reforma del reglamento de la cámara Alta sin consenso ni negociación con el resto de los grupos. La modificación tenía como principal objetivo otorgar poder discrecional a la Mesa del Senado para decidir si una proposición de ley proveniente del Congreso se tramitaba por la vía de urgencia -reduciendo el plazo a 20 días- o de forma ordinaria, lo que en la práctica permitía dilatar los tiempos de aprobación de normas específicas como la ley de amnistía. El Tribunal Constitucional tumbó en marzo de 2025 la reforma que hizo el PP para frenar la medida de gracia.
Lejos de echarse atrás, el PP contraatacó con otra reforma del reglamento del Senado en junio y en noviembre de 2025, esta vez para reforzar sus competencias frente al Gobierno y el Congreso. En ambos casos el PSOE ha pedido la intervención del Constitucional, que todavía tiene que pronunciarse.
Las siete comisiones de investigación esta legislatura refuerzan la impresión en Ferraz y La Moncloa de la conversión del Senado como una cámara de la oposición, y no como una cámara territorial y de segunda lectura de las Cortes Generales. La mayoría absoluta del PP aprobó la constitución de la primera comisión, la del caso Koldo, en abril de 2024. A partir de ese momento se sucedieron otras por el CIS, la SEPI, el accidente ferroviario de Adamuz, RTVE, la tragedia de la Dana y el apagón de abril de 2025. Para el PSOE, según fuentes de Ferraz, la “intencionalidad política” ha sido “pública y notoria”.
Docenas de dirigentes socialistas y cargos del Ejecutivo han desfilado estos tres años por las siete comisiones. Sánchez compareció en la “comisión de difamación” del caso Koldo hace un año. El presidente la tildó de “circo”. La última sesión de control a la que asistió en la cámara fue en marzo de 2024. Las comparecencias de José Luis Rodríguez Zapatero, del propio Koldo García, de su expareja con la cara cubierta, de Leire Díez —que dejó para la posteridad frases como la de “Prefiero ser fontanera que ‘cloaquera”— o de Santos Cerdán y su esposa concentraron semanas y semanas la atención de la política nacional.
El Senado ha llegado a plantear en el Tribunal Constitucional hasta siete conflictos de atribuciones con el Gobierno, el último en septiembre por la no comparecencia de los ministros por la crisis de Ceuta. Las disputas con el Congreso se han traducido en otros siete conflictos de atribuciones, en la mayoría de los casos por la no tramitación en el Parlamento de enmiendas a diferentes leyes aprobadas en el Senado con la mayoría absoluta del PP. El último caso fue la reforma de la Ley de Dependencia en septiembre.
El PP ha aprobado además en el Senado 42 proposiciones de ley, las denominadas leyes Feijóo, que posteriormente han quedado bloqueadas o pendientes de tramitación en el Congreso. Estas leyes corresponden al programa político del PP y sus prioridades, como, por ejemplo, contra la okupación ilegal -Feijóo anunció una ley en este sentido el pasado domingo-; una ley de defensa y protección de los símbolos oficiales; o la proposición para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Fuentes socialistas contabilizan en “más de un centenar” los escritos de denuncia o queja por diferentes motivos procedimentales de la Mesa o en las diferentes comisiones parlamentarias, “cuando lo habitual en otras legislaturas es registrar no más de diez”. La tensión reiterada en las sesiones de control de los martes y miércoles también ha sido la tónica. Varios ministros consultados reconocen en privado que el ambiente “era peor y más desagrabable” que en el Congreso. El PSOE denunció el año pasado ante la policía la entrega de una bolsa de arena “tóxica” por parte de un senador murciano del PP, Francisco Bernabé, a la vicepresidenta tercera Sara Aagesen.
