El Gobierno se ha tomado muy en serio la idea que lanzó Pedro Sánchez el mismo día que convocó las elecciones. Esto es, que piensa “seguir gobernando hasta las elecciones”. El martes pasado, el Consejo de Ministros no tuvo mucho contenido político ni decisiones de calado porque era un día especial en el que toda la actualidad estaba centrada en la visita de los Reyes a Ceuta. Pero a partir de esta semana, el Gobierno, según diversas fuentes, empieza una secuencia que ya no parará hasta las elecciones de lo que se ha llamado internamente como “martes sociales”. Esto se traduce en que en cada Consejo de Ministros se aprobarán medidas que han propuesto los ministerios y que habían quedado pendientes para poder sacarlas adelante antes de los comicios del 29-N.
El Ejecutivo cuenta con la ventaja de que los decretos ley que apruebe, como ya hizo hace dos semanas con los de vivienda, pueden ser convalidados por una diputación permanente más favorable que el pleno de Congreso, porque ahí los votos de Junts son irrelevantes. Basta con convencer a la izquierda y al PNV.
Este martes, según fuentes del Gobierno, ya irá un paquete importante de medidas del Ministerio de Seguridad Social en forma de decreto ley, y por tanto con necesidad de ser convalidado antes de un mes por la diputación permanente.
Todas ellas son ampliaciones de derechos o mejoras de condiciones de pensiones para distintos colectivos importantes. Con este decreto, por ejemplo, se ampliará la incapacidad temporal para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia; y para víctimas de violencia de género, que tendrán una prestación del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero a partir de entonces, la Seguridad Social abonará la prestación, señala el Gobierno.
Se mejorará, además, la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves. Los dos progenitores podrán recibirla de forma alternativa o simultánea. En casos de mayor vulnerabilidad, podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.
Se ampliará el acceso a las pensiones de viudedad en caso de parejas de hecho. A partir de ahora, la existencia de hijos en común será suficiente para acreditar la realidad de una pareja de hecho para acceder a esta prestación, algo que en la actualidad estaba generando problemas. Las solicitudes que fueron denegadas podrán ser revisadas en los próximos 12 meses.
Se mejoran también las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas. A partir de ahora, ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36% mayor al que había ahora, que quedó desfasado.
También se mejora la protección de los huérfanos y huérfanas por violencia de género. Se aumentan tanto las prestaciones contributivas, con un suelo de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como las no contributivas, que podrán alcanzar hasta dos veces el SMI.
Y por último, se amplía el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Se triplicará la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.
Mensaje político
Con estas medidas, además de repartir más fondos entre estos ciudadanos afectados, el Gobierno quiere lanzar un mensaje político claro: mientras Alberto Núñez Feijóo habla de “sacrificios”, explican en La Moncloa, y apunta así a posibles recortes, ellos quieren mostrar que su proyecto político es completamente diferente y supone seguir mejorando derechos y aumentando el gasto social en la medida en que lo permitan las cuentas públicas, que según insiste el ministro de Hacienda, Arcadi España, están claramente saneadas con un déficit controlado y una deuda pública que sigue bajando desde el 120% en el que estuvo en pandemia a la situación actual por debajo del 100%, aunque es cierto que antes de las crisis de 2008 llegó a estar por debajo del 40%.
Encima de la mesa de Hacienda, el ministerio decisivo para ver qué puede tener fondos y qué no; de Presidencia, dirigida por Félix Bolaños, que regula el tráfico del Consejo de Ministros; y del Gabinete del presidente, que dirige toda la tarea del Gobierno, hay una especie de carta a los reyes magos de todos los ministerios, que quieren aprovechar estas últimas semanas antes de las elecciones para meter todo lo que ha decaído con la convocatoria electoral, lo que tenían previsto para los próximos meses ―en teoría había legislatura hasta julio de 2027―.
El hito más importante y con más peso político es la subida del salario mínimo alrededor del 5%, que prepara Yolanda Díaz. Y, justo después de las elecciones ―porque antes no da tiempo―, la subida de las pensiones con el IPC. Son dos mensajes fuertes, pero los ministerios trabajan en muchas más ideas y las han trasladado a La Moncloa para que ordene el tráfico.
Ya hay muchas cosas decididas y previstas para las próximas semanas, pero también hay otras que están en plena discusión interna. Todos los ministros presionan por sus temas, y hay también choques entre ministerios de Sumar y del PSOE con visiones diferentes, como es habitual, pero lo que sí está claro es que la actividad va a ser muy fuerte durante las próximas semanas.
Entre las cuestiones pendientes, no solo hay medidas sociales, que son las principales y con las que el Gobierno intentará también dar un mensaje a sus potenciales electores, sino también otras más puramente políticas, como el probable indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz que el Gobierno considera que fue condenado injustamente a dos años de inhabilitación.