Una plaza se vuelve plenamente pública cuando la usamos para mostrar lo que sufrimos a solas y descubrimos que es asunto de todos. Por eso es tan revelador el modo en que Ayuso —quien gobierna el mercado de alquiler más caro del país con competencias para intervenir en él— pretende tratar como un problema de orden público el ejercicio de un derecho, y hacer desaparecer de la vista lo que la plaza ha conseguido mostrar. Ocurre, sin embargo, que los movimientos sociales nunca hablan solo hacia fuera, a las instituciones a las que piden una ley, sino también hacia dentro, a la sociedad que construyen con su protesta. Al llevar a la plaza las necesidades que suelen quedarse en casa, quienes acampan en Sol nos piden a todos que nos hagamos cargo de ellas, y en esa ciudad efímera de turnos, cuidados y asambleas nos muestran que es posible otra manera de habitar juntos, una que ningún decreto puede recoger. Pero estamos tan acostumbrados a imaginar el futuro como catástrofe (el colapso climático, las guerras, las máquinas que nos sustituyen) que cualquier otra posibilidad nos parece ingenua, como si el sentido común hubiera decidido de antemano qué es realista y qué no.
Los movimientos sociales rara vez consiguen de inmediato lo que piden, pero hacen algo más duradero: desplazar los límites de lo posible y razonable, al igual que la lucha contra los desahucios convirtió hace una década en injusticia colectiva lo que muchas familias vivían como un fracaso privado. Por eso, aunque el Congreso haya tumbado los decretos, lo ocurrido quizá haya empezado a cambiar la manera en cómo este país concibe lo que es una casa. Durante años dimos por muerto el 15-M, juzgándolo con el lenguaje de las instituciones, de los escaños ganados o perdidos por los partidos nacidos de él, sin advertir que lo que abrió no era una opción electoral, sino una manera de mirar. Esa mirada es la que vuelve hoy a la Puerta del Sol, no como nostalgia, sino con una pregunta distinta. Ya no se trata de saber si habrá trabajo; aun teniéndolo, la pregunta es si es posible construir una vida digna, pues el empleo ya no es esa llave que abría las puertas de la vida adulta: el techo, el tiempo para criar, la luz y el calor en invierno, la certeza de poder quedarse donde hemos echado raíces. La palabra vivienda no respeta las fronteras habituales de la ideología, la clase o el territorio. Alcanza a la vez al trabajador precario, al joven mal pagado, al migrante y la familia de clase media, al estudiante y al jubilado, al catalán y al andaluz.
Pierre Rosanvallon dice que la democracia consiste en dar un lenguaje a lo que vive la gente. Por eso la política francesa no vio venir los chalecos amarillos, porque no encajaban en ninguna de sus categorías, como no encaja hoy la inseguridad que comparten la joven precaria o la jubilada desahuciada, y que las instituciones traducen a su lenguaje de cartón piedra, el del orden público y los propietarios frente a los inquilinos, el de las competencias y el cálculo electoral. La confianza en las instituciones se construye cuando sentimos que nos reconocen, y por eso lo ocurrido el viernes en el Congreso fue algo más que una derrota legislativa, fue la negativa a reconocer como asunto político lo que la plaza lleva días mostrando. Quienes acampan en Sol ya han hecho lo que la democracia no supo hacer por ellos: encontrar un lenguaje para nombrar lo que viven, con tiendas, cuerpos y asambleas, y la pregunta que nos arrojan es si la política institucional, y todos nosotros, estamos dispuestos a aprenderlo.
