Veintisiete personas han sido detenidas en Cantabria por explotar sexualmente a mujeres en pisos insalubres, donde se han encontrado ratas y heces. Los inmuebles estaban okupados por los líderes de la trama, que también se dedicaban al narcotráfico. La Guardia Civil investiga, además, a otra persona en Valencia. Todas ellas están acusadas de delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, usurpación de inmuebles, falsedad documental y defraudación de servicios. Los delincuentes las atraían del extranjero con promesas de empleo y permisos de residencia en España, pero al llegar las sometían en unas condiciones penosas. Los arrestados aprovechaban las visitas de los puteros a esos espacios para venderles droga. Adicionalmente, hacían okupaciones “a demanda”. Se calcula que podrían haber entrado en hasta 30 viviendas. Un amplio despliegue de agentes ha participado en las redadas desarrolladas en varios puntos de Cantabria.
En un comunicado sobre la denominada operación Pucero, la Guardia Civil detalla que la trama captó “al menos a cuatro” mujeres extranjeras, que después le sirvieron para atraer al resto de explotadas. La actuación de las autoridades comenzó “al detectar la llegada de mujeres extranjeras que podían estar siendo explotadas sexualmente en los municipios cántabros de Santoña, Argoños y Cicero”. Estas eran amenazadas e instaladas en viviendas para que se prostituyeran.
En uno de los espacios registrados, un prostíbulo de Argoños se observaron las condiciones “deplorables e insalubres” en las que se encontraban. “No contaban con los suministros necesarios y vivían sin una higiene básica, entre roedores y entre excrementos de animales y personas”, detalla la Guardia Civil. Una vez que los jefes de la agrupación criminal las captaban en “pequeñas poblaciones del extranjero”, las víctimas eran trasladadas a varios pisos de Santander y a un chalet de Laredo. “Una persona que aseguraba ser un importante empresario”, relata la nota del instituto armado, “les ofrecía venir a España para mejorar su vida, con trabajo y vivienda para ellas y sus familias”. De esas naciones de origen pasaban por Dubái, París o Barcelona para recalar en el norte de España. A las mujeres “se les ha ofrecido recursos con diferentes organismos, además de medidas judiciales de protección”, especifica el comunicado.
Los agentes también han informado de que, mientras investigaban, descubrieron que los delincuentes ejercían, además, de narcotraficantes. “Adquirían importantes cantidades de estupefacientes en Valencia y la costa levantina y los distribuían por Cantabria”. Con vehículos que alquilaban en la región cántabra a nombre de terceras personas, iban a por la droga, que guardaban en pisos de Laredo y Colindres, para acabar repartiéndola en los puntos de explotación sexual o destinándola al menudeo. Las propias mujeres eran utilizadas para que los puteros comprasen allí las sustancias.
Okupación a demanda
Los implicados en la operación tenían otra rama destinada a la “okupación de viviendas a demanda”. Entraban ilegalmente a los inmuebles, ubicados en distintos pueblos cántabros, para luego alquilarlos irregularmente a otras personas. Los guardias civiles calculan que al menos 30 viviendas pudieron ser okupadas.
La Guardia Civil ha trabajado desde septiembre hasta conseguir desmantelar el entramado, en el que participaban un total de 20 hombres, cinco de los cuales han entrado en prisión, y siete mujeres. Se han registrado 12 viviendas y establecimientos en Cicero, Argoños, Colindres, Santander, Laredo, Santoña y Arnuero, en Cantabria, así como en Chiva, en Valencia, donde estaba el cómplice que les dirigía hacia la droga.
Los agentes han intervenido 30.000 euros en efectivo, 24 kilogramos de cogollos de marihuana procedente de una plantación de interior, casi un kilo de cocaína, unos 100 gramos de hachís, básculas, una pistola simulada, joyas y documentación. Las autoridades han desmantelado “una sofisticada instalación donde se hacía crecer la marihuana, provista con paneles solares para la obtención de energía”.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Tribunal de Instancia de Santoña 1 con efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Santoña, contando con el apoyo de unidades de seguridad ciudadana de Cantabria, efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de León, USECIC de Cantabria, Asturias, Bilbao y Valencia, especialistas del Servicio Cinológico con perros de Cantabria y Guipúzcoa, y el Equipo PEGASO de Asturias.
