Una de las críticas más recurrentes al Gobierno de coalición progresista sobre los decretos ley de vivienda que decayeron el pasado viernes en el pleno extraordinario del Congreso se ceba en que el PSOE ha ido a remolque sobre esa materia en gran parte de la legislatura, empujado dentro del Ejecutivo por Sumar y, en el Parlamento, por los socios de izquierdas. El presidente, Pedro Sánchez, arguyó este martes tras el Consejo de Ministros, y para presentar los nuevos decretos retocados que irán ahora a una Diputación Permanente todavía sin fecha, que su Gabinete “ha hecho mucho” en esa materia, pero no disponía de una mayoría en las Cortes que lo respaldara. Aludió incluso a que el bloque de la derecha parlamentaria, donde incluyó a PP, Vox y Junts, paralizó muchos intentos de reformas. El Gobierno de Sánchez ha promovido 25 reales decretos ley con actuaciones sobre vivienda desde 2019, 19 han sido convalidados, dos en sesiones de la Diputación Permanente, cuatro no y en ocho ocasiones PP, Vox y Junts votaron juntos en contra.
El 3 de abril de 2019, a apenas 25 días de las elecciones generales de abril de ese año, la Diputación Permanente del Congreso convalidó un decreto ley de urgencia que perseguía modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), amplió la prórroga obligatoria de los contratos a cinco años (siete para personas jurídica), limitó las fianzas adicionales y reguló el índice de precios de referencia. Vox y Junts no formaban parte de aquella Diputación. El decreto fue validado en esas circunstancias preelectorales con 33 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
El 25 de marzo de 2020, en plena pandemia, el Congreso convalidó con 342 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones, un decreto ómnibus con actuaciones de urgencia con el que se decidió suspender los lanzamientos sobre la vivienda habitual de personas y familias en situación de vulnerabilidad y se modificaron los requisitos de renta para acceder a ese beneficio y se amplió la protección a colectivos como familias monoparentales.
En esa votación solo se abstuvieron Bildu y el BNG. Fue un paréntesis de casi unanimidad. Vox ya se desmarcó en contra del siguiente decreto de la pandemia, que también contenía una moratoria para el pago de deudas hipotecarias vinculadas a la vivienda habitual que PP y Junts sí apoyaron.
PP, Vox y Junts ya se abstuvieron juntos en el decreto que llegó a continuación, y que fue ratificado el 9 de abril de 2020 sobre la covid-19, y que prosperó con 171 votos a favor frente a esas 174 abstenciones, para introducir un paquete de protección a inquilinos vulnerables por la pandemia, con la suspensión de desahucios, prórrogas automáticas obligatorias de seis meses en alquileres y microcréditos ICO.
El 28 de enero de 2021, PP y Junts ya votaron no con Vox contra un decreto antipandemia que sí avanzó para reformar y ampliar las medidas de protección ante desahucios y lanzamientos, extendiendo la cobertura y articulando compensaciones a propietarios afectados. PP y Vox lo volvieron a hacer en mayo de ese año contra una prórroga de esas medidas, que en aquel caso Junts sí refrendó.
Junts se desmarcó de la abstención de PP y Vox en octubre de 2021 para sumarse al bloque progresista de investidura en un decreto que contenía deducciones en IRPF por obras de mejora energética en viviendas y edificios residenciales; facilitó acuerdos de comunidades de propietarios para rehabilitación; e impulsó financiación y avales para actuaciones de rehabilitación residencial.
En abril de 2022, y dentro de un plan de actuación para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, ni PP, Vox o Junts, ni tampoco ERC o Ciudadanos, se alinearon a favor de introducir limitaciones extraordinarias de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, vinculada al Índice de Garantía de Competitividad, inicialmente solo unos meses, hasta junio de 2022. El 14 de julio de ese año Junts se abstuvo, como PP y Ciudadanos, donde Vox votó no, contra otra prórroga de esas medidas de protección sobre la vivienda.
El 24 de enero de 2023, para otra extensión similar, PP y Vox se abstuvieron, y Junts votó en contra y el 10 de enero de 2024 las tres formaciones se volvieron a reagrupar en su oposición conjunta para otro alargamiento que ya no se convalidó con la intención de alargar hasta finales de 2025 las suspensiones de desahucios, lanzamientos de hogares vulnerables y compensaciones y otras medidas para la promoción de vivienda pública asequible. Un escenario que se repitió en diciembre de 2025, febrero y marzo de 2026, con decretos que fueron tumbados por esa extraña alianza entre PP, Junts y los ultras de Vox, y que como en el último caso se incluyeron en una iniciativa más amplia para combatir los perjuicios por la guerra en Irán, con una prórroga extraordinaria por un máximo de dos años de determinados contratos de vivienda habitual o con la limitación extraordinaria de la actualización anual de renta con un tope del 2% hasta el 31 de diciembre de 2027 y para grandes tenedores en todo caso.
De los 25 reales decretos especiales con actuaciones sobre la vivienda debatidos desde 2019, Junts votó ocho en contra, 10 a favor y se abstuvo tres veces. El PP votó nueve en contra, ocho a favor y se abstuvo en cinco ocasiones. Vox votó no 12 veces, sí una y se abstuvo nueve.