Continúa la batalla en los tribunales del magistrado jubilado Manuel García-Castellón contra los dirigentes de Podemos que le llaman corrupto. Han pasado cuatro meses desde que un juzgado de Madrid condenó a la líder del partido, Ione Belarra, a pagarle 9.000 euros. Ahora, el que fuese instructor de la Audiencia Nacional ha presentado una nueva demanda ―que ya ha sido admitida a trámite― contra el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, por acusarle en público de ser un “mentiroso, mafioso, corrupto y prevaricador”. Reclama una indemnización de 100.000 euros.
En una resolución, adelantada por La Razón y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Juzgado de Instrucción Número 7 de Madrid admite a trámite la demanda por derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. La letrada de la Administración de Justicia ya ha enviado la documentación al portavoz de Podemos, a quien ha dado 20 días hábiles para que presente sus alegaciones. Y le avisa de que, si no comparece en el plazo fijado, “se le declarará en situación de rebeldía procesal”.
García-Castellón ha dado este paso después de que el pasado julio el Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid concluyera que las manifestaciones de Belara en la red social X le generaron “un daño moral” y que debía “ser indemnizado”, aunque rebajó la cifra de 350.000 euros que había reclamado. La líder de Podemos reaccionó con una publicación en la misma red social en la que volvió a emplear el término “corrupto” contra el exmagistrado: “Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos”. Este juzgado madrileño asumió el asunto después de que pasara por el Tribunal Supremo, que avisó de que no era el órgano competente para dirimir sobre la demanda porque los descalificativos de Belarra en X no se enmarcaron en el ejercicio de su cargo”.
El magistrado jubilado de la Audiencia Nacional sostiene que aquellas palabras de Belarra fueron “el comienzo de la campaña de odio y desprestigio” en su contra. Y considera que Fernández “pretende continuar con las acusaciones iniciadas por su compañera de partido” después de la condena impuesta a la líder de la formación. El que fuera juez del caso Tándem o el caso Púnica acusa al portavoz de Podemos de asumir “un papel activo en la difusión de manifestaciones” que le presentan ante la opinión pública “como un juez que ha dedicado su carrera a la comisión de actos tales como corrupción, prevaricación y politización de la función judicial”.
García-Castellón subraya que Fernández se ha pronunciado en ámbitos “estratégicamente publicados y realizados en medios de comunicación y redes sociales, difundidos a una gran audiencia y con enorme capacidad de impacto”. A su juicio, el alcance de sus comentarios, “así como las numerosas entrevistas en diversos programas”, han provocado un “alcance desproporcionado” por “aprovecharse de su condición de portavoz y figura pública como miembro de un partido político”.
El exjuez incide en que el dirigente de Podemos cuenta con 149.500 seguidores, y “miles de comentarios y me gusta en sus publicaciones”. Y recalca que sus “incesantes comentarios” han supuesto que “una infinidad de personas lleguen a creer” que ha sido “un juez corrupto y prevaricador”. Así, afea a Fernández que se valga de su derecho a la libertad de expresión para realizar “comentarios vejatorios y absolutamente falsos”.
En el marco de la demanda, a la que también ha tenido acceso este periódico, García-Castellón recoge varias manifestaciones de Fernández. En una de ellas, efectuada en el programa Malas Lenguas el 27 de junio, el dirigente morado decía: “Es incuestionable, es incontrovertible que el señor García-Castellón, cuando era juez, tomó decisiones que siempre favorecían al Partido Popular”. Para el instructor, “la gravedad de esta afirmación resulta evidente”, porque presenta “como un hecho absolutamente probado” que durante su paso por la Audiencia Nacional actuó en favor de partidos políticos.
Otro de los ejemplos que incluye en su demanda es una intervención de Fernández en el programa Código 10 el 14 de julio: “El juez Manolo García-Castellón liberó a la señora Cospedal de ser imputada porque era del Partido Popular, y porque hay jueces en España que prevarican. Así que no, no todos, por desgracia, somos iguales ante la ley”. El magistrado jubilado también añade publicaciones del dirigente de Podemos en la red social X en las que se traslada la idea de que durante su etapa en la Audiencia Nacional “utilizó su posición como magistrado para favorecer a determinados responsables políticos”. “Vuelve a cuestionar gravemente la profesionalidad, independencia y honorabilidad (…) atentando de forma directa contra la reputación construida durante décadas de ejercicio profesional", apunta.
García-Castellón incide en que “no existe ni una sola sentencia judicial o procedimiento abierto”, en el que se le haya “condenado o imputado” por delito alguno relacionado con su cargo público, es decir, prevaricación o corrupción.
