La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió presentó hoy una denuncia ante la Justicia contra el Presidente de la Nación Javier Milei por el posible delito de abuso de autoridad en contexto de violencia de género, violencia mediática, violencia digital y violencia institucional en perjuicio de la periodista María Eugenia "Maru" Duffard.
Además, solicitó que se le dé intervención a la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación y citó la violación a numerosos tratados internacionales establecidos en la Constitución Nacional e instó a respetar los principios republicanos y los tratados a través de las respectivas acciones penales con base en el artículo 75, incisos 22 y 23 y el artículo 14 de la Constitución Nacional.
"Llegará el día en que este Presidente y su lenguaje, que no es ni republicano ni espiritual, no podrá transitar entre la gente porque la violencia que sale de su boca se volverá contra él", expresó Carrió.
Y agregó: "A mí me dijeron lo mismo, pero los que hablaron hoy están presos por delitos de corrupción. Es cierto que hubo violencia kirchnerista y ahora hay violencia libertaria pero con la violencia vamos todos al precipicio cualquiera sea su origen", sostuvo Carrió.
En el escrito, Carrió sostuvo que el mandatario ejecutó un manifiesto abuso de poder que traspasó los límites constitucionales. Su conducta promovió "un ataque misógino en las redes sociales -con cientos de miles de reproducciones- hacia la periodista".
La presentación judicial afirma que el titular del Ejecutivo utilizó contra Duffard un "vocabulario soez, cosificante y agresivo" inapropiado para un jefe de Estado. La agresión buscó menoscabar de forma pública su labor comunicacional.
Según la denuncia, el ataque se encuadra en la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Específicamente, califica "el hostigamiento como violencia psicológica, institucional, simbólica, mediática y digital en el espacio público virtual".
La presentación judicial, fundamentada en el artículo 248 del Código Penal por presunto abuso de autoridad, "no constituye un mero diferendo de opiniones ni un cruce retórico habitual de la arena política".
El núcleo conceptual de la acusación radica en que el jefe de Estado, valiéndose de la asimetría de poder intrínseca a su alta magistratura, "ha desatado una campaña de hostigamiento digital y mediático orientada a disciplinar las voces críticas".
l amplificar descalificaciones explícitas provenientes de su propio entorno de comunicación oficial -en este caso, publicaciones del Director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia-, el mandatario convierte "el aparato difusor del Estado en una herramienta de persecución selectiva".
Los epítetos dirigidos hacia la periodista "Maru" Duffard "exceden cualquier noción de debate público maduro. Adjetivaciones que oscilan entre la humillación personal y la deshumanización absoluta configuran una tipología de agresión verbal que, según la presentación de Carrió, tiene como única meta la deshonra y el descrédito de una comunicadora en ejercicio de su rol profesional".
Desde una perspectiva de género, la presentación judicial catalo los hechos bajo las previsiones de la Ley 26.485.
"La jurisprudencia y la legislación vigentes en la materia establecen con claridad que la violencia psicológica y simbólica no requiere de la agresión física para lesionar la dignidad de una persona. Cuando estas descalificaciones provienen del máximo representante institucional de la Nación, el efecto dañino se multiplica exponencialmente debido al nivel de reproducción masiva que alcanzan sus declaraciones en los ecosistemas digitales", agregó.
Carrió subraya "la flagrante violación a los compromisos internacionales de rango constitucional que la Argentina ha ratificado, tales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará".
La ex diputada recordó que organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas y prestigiosas asociaciones de prensa -entre ellas FOPEA y ADEPA- "han manifestado de manera recurrente su alarma ante lo que identifican como un patrón sistemático de amedrentamiento hacia los trabajadores de prensa".
"La prensa libre cumple una función de control estratégico e indispensable en cualquier república; cuando se intenta silenciar o condicionar su labor mediante el insulto oficializado, lo que se debilita es el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y diversa", finalizó Carrió.
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