Las pensiones son el eterno agujero negro de todas las carreras electorales y esta precampaña del 29-N se incendió este miércoles precisamente por el pulso sobre su futuro. El PSOE y el PP entraron de lleno en la batalla para conseguir el voto de los pensionistas, un espectro de votantes que sigue confiando de forma mayoritaria en los dos grandes partidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está buscando fórmulas legales para poder aprobar una subida de las pensiones justo antes de las elecciones. En paralelo, el partido de Alberto Núñez Feijóo trata de dejar claro que él también siempre apoyará las revalorizaciones con el IPC, en contra de lo que sugirió la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, al sostener que el sistema de pensiones “va a petar” y que hay que cambiarlo de forma “valiente”.
El PP ha sufrido históricamente varios problemas con este asunto cerca de las elecciones, el último en 2023, cuando Alberto Núñez Feijóo se empeñó en sostener algo que tuvo que corregir después: que el PP siempre había revalorizado las pensiones con el IPC. En su día, José María Aznar tuvo que hacer muchos esfuerzos para garantizar que él no bajaría las pensiones si llegaba al Gobierno. También Mariano Rajoy. Pero de nuevo, en plena precampaña, el PP ha tropezado con la misma piedra con su portavoz, mientras Vox habla de plantear un sistema mixto público/privado de pensiones.
Mientras Feijóo intenta taponar esa vía de agua abierta por su portavoz, con la idea de que él garantiza que revalorizará las pensiones con el IPC, Sánchez y su equipo tomaron este error como “un regalo inesperado” y se lanzaron en tromba a explotarlo para encerrar al PP en ese agujero negro de las pensiones todo el tiempo que sea posible. “Feijóo dice ‘ni media broma con las pensiones’ y su portavoz dice ‘que el sistema está colapsado’. Entre las tijeras de Feijóo y Abascal, el amigo de Milei y su motosierra, estos, si llegan al Gobierno, firman la carta de defunción del Estado del bienestar”, clamó Sánchez en un mitin en Zaragoza.
Los socialistas, que parten con enorme desventaja en las encuestas frente al PP y Vox, están sorprendidos del arranque de la precampaña porque creen que el PP, en su competencia con Vox, está siendo mucho más sincero de lo que esperaban y les abre la puerta a su estrategia. “La campaña está donde la quería el PSOE”, dijo Sánchez este lunes en una conversación informal con periodistas, antes de que le abrieran esta puerta de las pensiones. “Esta gente se ha creído las encuestas y ha destapado sus cartas”, bromeó en Zaragoza.
Mientras, Sánchez y su equipo están estudiando fórmulas legales para poder aprobar una subida de las pensiones muy importante, porque el IPC se ha disparado este año, justo en la última semana antes de las elecciones, porque es ahí cuando se conocerá el dato de la inflación de noviembre con el que se calculan las pensiones de 2027. La decisión no está cerrada, y la fórmula jurídica es compleja, porque normalmente se suben en el último Consejo de Ministros del año, pero la voluntad política existe y sería un gran contraste para centrar la recta final de la campaña en las pensiones, un asunto en el que el Gobierno está seguro de que tiene las de ganar ante PP y Vox.
El PP sabe que el error de Feijóo en la campaña de 2023, cuando en una entrevista con Silvia Intxaurrondo en TVE defendió equivocadamente que el PP siempre había revalorizado las pensiones con el IPC, a pesar de que no lo hizo durante tres años, resultó decisivo para frustrar sus expectativas de gobernar. Así que ahora el partido se afana en dar certidumbre sobre su posición acerca de las pensiones, lo que deja más en evidencia el traspié de la portavoz. A preguntas sobre las palabras de Muñoz, fuentes de Génova dejan entrever la posición de la portavoz que no es la línea oficial del partido, sin llegar a desautorizarla. “Las pensiones son innegociables. Las pagaremos, las subiremos y las garantizaremos”, remarcan estas fuentes. Sobre si es necesaria una reforma del sistema, en la cúpula defienden que “ha de crecer la economía y ha de crecer la productividad” y que “no hay ninguna novedad en el discurso” del PP al respecto, a pesar de que Muñoz defiende que “el modelo hay que cambiarlo” de forma “valiente”, porque “va a colapsar”. Este mismo miércoles, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha publicado un vídeo en X en el que trata de desmontar “las mentiras del Gobierno” sobre que el PP está en contra de actualizar las prestaciones. “Siempre hemos votado a favor de subir las pensiones”, insiste Bravo, que matiza después que, cuando votaron en contra es porque la revalorización iba incluida en otro paquete de medidas más amplio. “Hemos votado [que no] cuando han mezclado subida de las pensiones con otros temas”.
Principal partida del gasto público
Las pensiones son la principal partida del gasto público, el pilar más robusto del estado del bienestar. Interesan especialmente a los que ya las cobran o a los que están a punto de jubilarse, los mayores, que además son el colectivo que más participa en los comicios y el que más elige las papeletas de PP y PSOE.
La lectura pesimista que hizo la portavoz del PP y también Vox de la situación del sistema coincide con la que emiten muchos expertos en Seguridad Social. Pero no todos hacen ese análisis, y mucho menos en el Gobierno. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, contestó este miércoles a Muñoz en X, indicando que en esas palabras ve “la primera fase del ciclo de la privatización: el miedo”. “Pero los datos nos avalan: nuestro sistema público de pensiones es sostenible y es el que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos”, opina la también portavoz del Gobierno.
Saiz se apoya, entre otros datos, en los últimos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que prevé un gasto público en pensiones en el promedio hasta mediados de siglo del 14,6% del PIB. Tomando en cuenta las medidas de ingresos, el organismo estima un gasto bruto del 13%, a tres décimas del 13,3% a partir del cual el Gobierno tendría que tomar medidas adicionales, ya sea con nuevos ingresos o recortes del gasto. Aunque el gasto no se haya descontrolado por encima del límite que se marcó el Gobierno, muchas voces acusan el coste de oportunidad que ese nivel de gasto implica para partidas como la sanidad o la educación.
Vox ha ido más allá que el PP y ha concretado qué cambios querría desarrollar. El portavoz económico de Vox, José María Figaredo, dijo la semana pasada: “El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado. En 1998, la comisión del Pacto de Toledo diagnosticó con precisión las debilidades del sistema, y en casi 30 años no se ha aplicado ninguna medida correctora”. Para modificarlo, el diputado de extrema derecha abrió la puerta a una privatización parcial del sistema: “La solución que plantea Vox requiere una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos”. Los expertos en Seguridad Social suelen subrayar el gran coste de transición que tendría emprender un cambio.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, el montante total dedicado a pensiones contributivas en 2025 escaló hasta los 189.598 millones de euros, lo que supone un alza del 6,2% respecto a los 178.500 millones gastados en 2024 y del 13,1% respecto a 2023, cuando se destinaron 168.000 millones.
En el mitin en Zaragoza, Sánchez insistió en desmentir todas estas visiones pesimistas del sistema y se aferró sobre todo al dato de la hucha de las pensiones. “A los jóvenes y a los mayores les digo: mucha calma. El sistema de pensiones goza de una extraordinaria salud. El PP está pensando en hacer negocio para unos pocos. La reforma de las pensiones que hicimos supuso un acuerdo del Gobierno con la Comisión Europea, que exige que todos los años lo revise la Airef, una institución independiente, que ha dicho que gracias a las medidas implementadas, la sostenibilidad está absolutamente garantizada. No se debe enfrentar a los mayores con los jóvenes. Rajoy nos dejó una hucha de las pensiones con 5.000 millones de euros y nosotros vamos a acabar la legislatura con más de 20.000 millones”, clamó.
Subida conforme al IPC
La subida del gasto en pensiones conecta con varios factores: el incremento de pensionistas, dada la jubilación de la pobladísima generación del baby boom; la mejora de las prestaciones porque los que se jubilan ahora han tenido carreras más largas y con mejores retribuciones que sus mayores; y por la subida de las prestaciones conforme al IPC. Durante la entrevista a Muñoz, el conductor de la misma le pregunta si convendría desindexar las subidas de las pensiones del IPC. Es decir, si deberían dejar de crecer tanto como los precios. “Es verdad que con los niveles de inflación que tenemos las subidas con el IPC son incluso justos. Habría que hacer lo mismo para que los salarios pudieran crecer también con el IPC”, añade.
Feijóo garantiza su respaldo a la revalorización, un asunto polémico porque en los dos últimos años el PP votó inicialmente en contra de la misma. Lo hizo en protesta porque el Ejecutivo mezclase el decreto ley de revalorización con otras políticas, pero una vez se desligaron sí lo apoyaron, sin que los pensionistas llegaran a notarlo en sus nóminas.
El Gobierno aprobó en 2021, con el voto en contra del PP, una reforma de pensiones que instauró la revalorización de las prestaciones tomando en cuenta el IPC. Esa norma establece que “las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior”.
Es decir, que, con ese planteamiento, el Gobierno necesita conocer el dato del IPC de noviembre, que el INE no distribuirá en formato avanzado hasta el 27 de noviembre, el viernes previo a las elecciones, en el último día de campaña electoral. La tendencia apunta hacia una subida del 3,5%, un salto importante y un esfuerzo notable para las arcas del Estado. El dato definitivo, que es el que la Seguridad Social viene usando para el cálculo, no se distribuirá hasta el 15 de diciembre. Aunque en los últimos años el Gobierno ha aprobado la subida en el último Consejo de Ministros del año, a finales de diciembre y con el dato definitivo de IPC de noviembre, fuentes del Ejecutivo sostienen que están valorando adelantar esa subida y ejecutarla antes de las elecciones. De momento dicen que la decisión no está tomada y no precisan con qué vía administrativa se haría el cambio, pero hay una clara voluntad política de intentarlo para dejar garantizada esta subida sea cual sea el Gobierno que venga después y como un mensaje claro a los electores en la recta final de la campaña.
