El Gobierno admite que participa “de manera muy activa en la planificación estratégica de las compañías pertenecientes al holding público, tanto mayoritarias como minoritarias”. En una contestación parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de septiembre, el Ejecutivo subraya la importancia de aportar directrices de modernización industrial en esas empresas, ofreciendo una descripción detallada de la función que el Estado desempeña en las corporaciones encuadradas en sectores de carácter estratégico, como las telecomunicaciones, la defensa o la energía. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee participaciones en compañías como Telefónica, Indra, Redeia o Hispasat.
La respuesta responde a una iniciativa de control escrita formulada en julio por los diputados del grupo parlamentario Vox Emilio Jesús Del Valle, Jacobo González-Robatto, Andrés Alberto Rodríguez y Pablo Sáez Alonso-Muñumer. Los parlamentarios solicitaban precisiones sobre la permanencia de la SEPI en el capital social de compañías controladas por el Estado dentro del Ibex 35, así como información sobre los ex miembros del Gobierno o ex altos cargos integrados en sus consejos de administración.
En su contestación, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes detalla que el objetivo central del holding público adscrito al Ministerio de Hacienda estriba en “fijar la estrategia y la planificación de las empresas del sector público empresarial de las que es accionista mayoritario”, así como en “fijar los criterios para la gestión de las participaciones en las compañías privadas de la que es accionista minoritario, siempre conforme al interés público”.
Al fundamentar la presencia del accionista público en estas sociedades, el texto gubernamental expone que la participación de la SEPI “responde a una visión de largo plazo, con un carácter estable en dichos sectores”. Según la doctrina recogida en el documento oficial, la presencia estatal tanto en empresas públicas como en privadas “permite fortalecer la resiliencia del tejido productivo, proporcionando a las empresas mayor estabilidad frente a las crisis que se puedan dar en el tiempo”.
Del mismo modo, la contestación añade que esta posición institucional busca “impulsar la inversión, especialmente la inversión tecnológica en los sectores estratégicos, y así favorecer la adaptación de las empresas participadas a los desafíos tecnológicos”, haciendo referencia explícita a ramas como “defensa, energía, telecomunicaciones, transporte, agricultura, sector aeroespacial, el sector postal, etc.”.
Esta descripción explícita aporta una delimitación formal respecto a la posición de neutralidad esgrimida en anteriores coyunturas corporativas. En ocasiones previas, ante procesos de relevo en la alta dirección o debates de gobernanza en multinacionales como Telefónica e Indra, la postura pública del Ejecutivo tendía a desvincular a la administración de las decisiones operativas internas, situándolas en el ámbito exclusivo de la autonomía de los consejos de administración. Con esta contestación por escrito, el Gobierno formaliza en un documento oficial su rol como participante activo en la orientación general y los criterios de gestión de las empresas en las que mantiene participación.
La divulgación de esta contestación adquiere relevancia en el escenario político actual, marcado por la proximidad de las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre. De hecho, desde el ámbito de la oposición, la política accionarial desarrollada a través de la SEPI ha sido objeto de constantes iniciativas parlamentarias. El grupo parlamentario Vox, por ejemplo, ha cuestionado de forma reiterada la ampliación del peso estatal en el accionariado de cotizadas, argumentando que la presencia pública distorsiona el funcionamiento de los mercados y los principios de gobernanza privada.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la “despolitización” del Ibex 35 entre las prioridades de su programa económico, planteando la revisión del papel de la SEPI y la preservación de la autonomía directiva en firmas como Telefónica, Indra, Redeia, Enagás o Aena ante un hipotético cambio de ciclo político.
De este modo, la respuesta parlamentaria del Gobierno explicita la posición del Ejecutivo sobre el papel del Estado en la economía, definiéndolo también como un agente tractor de la inversión tecnológica en sectores considerados de interés estratégico. Esta visión de tutela pública se sitúa en el centro del debate frente a los planteamientos que abogan por reducir la huella estatal en el ámbito corporativo y otorgar mayor protagonismo a la iniciativa privada.
