La calle también juega en la precampaña. Desde las grandes manifestaciones iniciales por el desahucio de Maricarmen Abascal, que se condensaron después en la acampada en la Puerta del Sol y que también empujaron a un adelanto electoral, hasta las protestas, la huelga indefinida de maestros en Madrid y, dentro de tres semanas, una huelga general por la crisis de la vivienda ya a las puertas de la campaña electoral: todo suma o resta en una campaña atípica en la que la calle, que en los últimos años se había movido mucho con la derecha contra el Gobierno, ha recuperado un gran protagonismo de la izquierda en un momento de máxima debilidad del bloque progresista y de euforia en el conservador, cada vez más convencido de que su llegada al poder es inminente.
La gran pregunta es si estas movilizaciones, con claro componente progresista, pero que también critican al Gobierno, sobre todo las que tienen que ver con la vivienda, serán capaces, como espera el Ejecutivo, de movilizar también votos hacia las grandes opciones del bloque de izquierdas.
Mientras el Gobierno ha apostado por apoyar todas estas movilizaciones ―incluida la huelga general, algo absolutamente atípico― convencido de que eso puede cambiar la campaña y alentar el voto progresista frente a la llegada de PP y Vox, la derecha, y en especial Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, ha optado por criminalizar la protesta y enfrentarse radicalmente a ella.
Este lunes incluso llamó “coro rociero” a los maestros y les acusó de “violentos” sin ninguna evidencia. Ayuso comparó la situación en España con la de Francia, donde el Gobierno ha tenido que implantar toques de queda en algunas ciudades ante una violencia descontrolada con la que se han reventado comercios e incluso se ha quemado el ayuntamiento de Limoges, algo que no se ha visto por ningún lado en las protestas españolas.
Mientras, la dirección nacional del PP se ha puesto de perfil en este asunto y sigue con su estrategia ajena a este choque de Ayuso con los maestros y los acampados en Sol ―quien ha anunciado que traslada su despacho a otro lugar por seguridad, después de cerrar la estación de Sol temporalmente―, la presidenta de Madrid, siempre una especie de jefa de la oposición alternativa a Feijóo, sí intenta llevar la cuestión a la campaña y moverla contra Sánchez, vinculando a los manifestantes con el presidente, como si él los dirigiera.
“Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va del enamorado de España nos va a amedrentar a la Comunidad de Madrid se equivoca, pero muy mucho”, llegó a decir, para lanzarse después contra los maestros y preguntarse cómo es posible que “la educación de los hijos de todos esté en manos de gente así de violenta, que no respeta ni siquiera el derecho de los niños a ir al colegio”.
Feijóo evita el asunto y se concentra en su estrategia de campaña, basada en el antisanchismo y en las promesas de su líder, solemnizada en el “contrato con España”. Fuentes de la dirección del PP señalan que no van a dejar que una cuestión como la batalla en la calle les desvíe de esa estrategia, aunque defienden que Ayuso pueda acudir libremente a sus actos sin coacciones.
Por el contrario, el Gobierno sí está encantado de entrar a apoyar a los manifestantes. “Son los nuestros, y vamos a defenderlos si Ayuso los ataca. Los maestros están en huelga, sin cobrar, pidiendo un sueldo decente pero sobre todo mejores condiciones para los alumnos, un respeto”, resume una fuente del Ejecutivo. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, fueron muy claras en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros apoyando a los actuales manifestantes e, incluso, a los que se movilicen en la huelga general del 11 de noviembre. “Es una barbaridad llamar violentos a los maestros de nuestros hijos, como ha hecho Ayuso”, sentenció la portavoz. “La presidenta de Madrid debería ser más respetuosa con el derecho a la manifestación. Este Gobierno escucha el clamor social que pide el acceso a una vivienda asequible”, insistió.
El Ejecutivo, que este martes presentaba medidas importantes precisamente en materia de vivienda, intenta así dar respuesta a las peticiones de la calle y subirse de alguna manera al carro de las manifestaciones para intentar transformarlas en una corriente que lleve a la extraordinaria movilización progresista que necesita para darle la vuelta a las encuestas y evitar que PP y Vox sumen mayoría absoluta el 29 de noviembre.
La ministra de Vivienda fue más lejos y apoyó claramente las manifestaciones e incluso la huelga porque dijo que los motivos que esgrime son compartidos por el Ejecutivo. “Todas las movilizaciones son importantes, en este caso la lideran los sindicatos, que tienen ese reconocimiento constitucional”, dijo sobre la huelga general. “Cuando los salarios se absorben por el alquiler, se justifica esa movilización. Las administraciones deben tomar decisiones. Hoy hemos aprobado destinar 225 millones del Presupuesto para vivienda, hemos hecho un plan estatal de vivienda con 7.000 millones de euros pactados con las autonomías, hemos reactivado el sector de la construcción”, añadió Rodríguez, que insistió en que lo que falta ahora es aprobar legislación más contundente. Pero para eso, aseguró, se han convocado elecciones: para tener una mayoría progresista más clara que permita hacer leyes que enfrenten de forma contundente la crisis de la vivienda.
En el Gobierno tienen sensaciones encontradas con la huelga general, que podría ser uno de los grandes hitos de la campaña. Por un lado, la apoya y confía en que una gran movilización, sobre todo en la manifestación prevista para el 11 de noviembre en la tarde, sirva para reactivar a la izquierda. El Ejecutivo intenta por todos los medios que la huelga no sea contra él, algo inédito, sino contra los gobiernos del PP que se niegan a aplicar la ley de vivienda y poner límites a la subida de los alquileres, por ejemplo. A la vez, también sabe que podría derivar en protestas contra el Ejecutivo. “No podemos capitanear la huelga general, es obvio”, señala una fuentes del Gobierno. “Es una situación compleja de gestionar. Convocan los sindicatos, no nosotros, por eso máximo respeto, pero creemos que la imagen de miles de personas reclamando muchas de las cosas que nosotros queremos hacer pero no hemos podido porque no teníamos mayoría para hacerlo es potente, por eso convocamos las elecciones. Ya veremos qué influencia tiene”, remata.
En anteriores elecciones, la calle no fue decisiva. Solo una vez, en 2004, las manifestaciones del “¿quién ha sido?" tras el atentado del 11-M fueron importantes para darle la vuelta a las encuestas. Esta vez está por verse qué importancia tendrá y hacia qué lado irá. De momento, es la izquierda la que está dominando las principales movilizaciones.
