“Anómalo”. “Muy extraño”. “Inusual”. “Llamativo”. “Dudoso”. Varios altos mandos de la Guardia Civil y del Ejército que han declarado este martes como testigos en la segunda sesión del juicio del llamado caso Cuarteles, en el que se destaparon supuestas irregularidades en la adjudicación de obras en numerosas comandancias del instituto armado, han coincidido en señalar que el proceso por el que se adjudicó de manera reiterada entre 2014 y 2017 cerca de dos centenares de contratos a tres sociedades de uno de los acusados, el empresario Ángel Ramón de Tejera de León, alias Mon, se produjo en “circunstancias anómalas”, como lo ha descrito durante su testimonio uno de ellos, el teniente general Rafael Galán, entonces responsable de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Fue precisamente este alto mando quien, en 2017, dio la primera voz de alarma de que lo que estaba pasando con la adjudicación de las obras de reparación en instalaciones del instituto armado a las mercantiles de este empresario “no era normal”, lo que desembocó finalmente en la investigación que ha sentado en el banquillo tanto a Tejera de León como al teniente general Pedro Vázquez Jarava, primer mando de esta graduación juzgado por corrupción en España. Para ambos, la Fiscalía y las acusaciones piden un año de prisión por cohecho. Ambos se declaran inocentes.
El primero en declarar este martes fue el general Alfonso López Malo, quien en el momento en el que se inició la investigación era coronel y dirigía el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, unidad responsable de investigar los delitos cometidos por miembros del instituto armado. López Malo ―que recientemente ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en el caso Leire en el que han sido imputados la directora general Mercedes González y su número dos, el teniente general Manuel Llamas― ha detallado que fue, precisamente, la alerta lanzada entonces por la Jefatura de Asuntos Internos la que hizo que su unidad iniciara una investigación para saber si detrás de las supuestas anomalías detectadas, que incluían una “incremento exponencial” de la adjudicación de contratos a las empresas bajo sospecha, podía haber algún delito.
El alto mando ha detallado que esas primeras pesquisas se plasmaron en un borrador de informe en el que ya se apuntaba la existencia de “irregularidades”, aunque finalmente en diciembre de 2017 recibió una orden escrita de José Manuel Holgado, director general de la Guardia Civil durante la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) como ministro del Interior en el último Gobierno de Mariano Rajoy, de archivar las pesquisas. López Malo ha señalado que este cierre se produjo después de que el Mando de Apoyo, que entonces dirigía precisamente el principal encausado, el teniente general Vázquez Jarava, concluyera que no existían tales irregularidades en un documento que él nunca vio y que hasta la fecha no ha podido ser incorporado a la causa porque no ha sido localizado.
Entonces, Vázquez Jarava ―que como el subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil tenía un enorme poder dentro del instituto armado al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución― aún no había aparecido en las pesquisas como supuesto implicado ni era conocida su estrecha amistad con el empresario bajo sospecha, con el que ya para entonces había asistido a las finales de la Champions League de fútbol disputadas en 2016 y de 2017 en Milán (Italia) y Cardiff (Reino Unido) y había compartidos vacaciones familiares cuyos gastos están bajo sospecha como supuestas dádivas.
Durante su declaración, el general López Malo ―al que en la primera sesión del juicio la defensa del general acusó de actuar por “animadversión”― ha detallado que no sería hasta meses después, ya en 2018, cuando la causa se reabrió, en este caso tras recibirse una denuncia anónima en la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, que denunciaba supuestas irregularidades con la misma empresa en la Comandancia de Ávila. Las pesquisas alrededor de los datos que aportaba esta ―y que posteriormente se extendieron a una decenas de provincias― desembocaron en dos nuevos informes de Asuntos Internos en 2019 y 2020. En este último, la unidad comandada por López Malo ya planteaba al juez que instruía la causa tomar declaración como investigado a Vázquez Jarava. López Malo, que cambió de destino en octubre de 2021 y no participó en la fase final de la investigación, ha afirmado que entonces aún no se sabía que el general acusado y el empresario mantenían una estrecha amistad.
Esta relación entre ambos encausados ―que finalmente fue admitida por ambos en parte como modo de justificar los supuestos pagos del empresario de ciertos gastos del general y su familia― sería poco a poco un rumor extendido en la propia Dirección General, según ha afirmado poco después en la vista el teniente general Galán, el que alertó en primer lugar del excesivo número de contrataciones que estaba recibiendo las empresas de Tejero de León por toda España pese a su pequeño tamaño y a que todas, menos una, tenía su sede social en las islas Canarias, lejos de donde realizaban los trabajos. “Había oído comentarios”, ha afirmado el alto mando, que añadió que Vázquez Jarava nunca hizo referencia a esa relación o a los viajes que hacía con el empresario.
El general Galán, que en aquel momento como jefe de Asuntos Económicos era subordinado de Vázquez Jarava, ha detallado que junto al “llamativo” incremento de adjudicaciones que las empresas del canario empezó a recibir de la Guardia Civil a partir de 2014 ―hasta 193 contratos en el periodo investigado, de los que 80 fueron en 2016―, le extrañó una que recibió por el procedimiento de urgencia para demoler un antiguo cuartel en la localidad de Garachico (Tenerife), ya que sus mercantiles no estaban especializadas en estos trabajos. De hecho, Tejero de León terminó subcontratando los trabajos con otra empresa. El general Galán ha afirmado durante la vista que, precisamente por estas “anomalías”, se mostró partidario de no contratar a la sociedad de Tejero de León para este trabajo, pero que sus objeciones fueron finalmente desoídas.
También han hablado de circunstancias extrañas en las contrataciones dos coroneles del Ejército que, hasta 2017, asesoraron en temas económicos a la Guardia Civil. Ambos elaboraron un informe en el que se apuntaban que la reiteración de contratos a las mismas empresas, las de Tejero de León, iba “más allá de lo habitual”, según ha descrito uno de ellos, el coronel José Luis Bouxadé. Su compañero, Juan Luis Zárate, ha explicado que cuando vio que las adjudicaciones se hacían de manera “inusual” a las tres mismas sociedades hasta acumular el 48% del total y que, además, todas ellas eran propiedad del mismo empresario le llevó a investigar qué estaba ocurriendo. En sus pesquisas, el coronel Zárate ha admitido que al menos dos comandancias les aseguraron que habían contratado a esas mercantiles por una “sugerencia” que venía de Madrid, aunque no concretaron si esta había sido del general Vázquez Jarava u otra persona. Este militar también ha asegura que él desconocida que entre el empresario y el máximo responsable de las finanzas de la Guardia Civil había una relación de amistad.
