La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón pidió informes prácticamente a todos los cuerpos implicados, de un modo o de otro, en la defensa de la frontera de Ceuta. En total, movilizó a 21 unidades policiales y militares para conocer quién coordinó, financió y decidió la entrada masiva de unas 80.000 personas en España el pasado 30 de julio. Aunque la togada todavía está a la espera de mucha de la información solicitada, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha presentado ya la documentación requerida, según confirman fuentes jurídicas a EL PAÍS. De momento, la instructora no ha dirigido la investigación contra nadie en específico y se ha limitado a escuchar a varios testigos, como el que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, o el expresidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
La documentación presentada por el CNI, según explican las citadas fuentes jurídicas, no ha pasado por el proceso de desclasificación del Consejo de Ministros de principios de septiembre. El Centro, que depende directamente de la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha incluido referencias al episodio de los buques de guerra marroquíes que entraron en aguas de Ceuta, coincidiendo con la llegada masiva de los migrantes.
Las fuentes jurídicas consultadas explican que la información, que fue presentada por los servicios de inteligencia ante el juzgado el pasado miércoles por la tarde, va en la misma línea de lo que ya afloró en la documentación que el Gobierno accedió a desclasificar el pasado 9 de septiembre: que los agentes comunicaron por distintas vías —Delegación de Gobierno en Ceuta, Guardia Civil y Policía— los llamamientos masivos en redes sociales para una entrada en la ciudad autónoma el día antes de que se produjera y que se llegó a poner en conocimiento de los servicios secretos marroquíes la misma información sobre convocatorias en grupos de más de 180.000 miembros para “asalto por valla y mar” para que Rabat reforzara el dispositivo policial.
Una de las incógnitas que pretende esclarecer la causa judicial es, precisamente, la actuación de Marruecos. El único informe que, de momento, se ha hecho público de los que ya están en la mesa de la magistrada corresponde al realizado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía, que apuntaba directamente a la pasividad de los gendarmes marroquíes ese 30 de julio e, incluso, a la actuación de “guiado” de algunos de ellos en la zona de Castillejos (Marruecos) marcando supuestamente el camino que los migrantes debían seguir por el agua. “Nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”, dijo Tardón en el auto con el que decidió iniciar la investigación.
La magistrada ha dado pistas posteriormente de lo que está tratando de acreditar. “Difícilmente”, dijo en un escrito el 17 de septiembre, “puede producirse” la movilización masiva de “entre 75.000 y 85.000 personas” “sin recursos materiales y financieros”. La jueza ha ordenado a la Policía que busque en todas sus bases de datos, incluidas las internacionales, para aclarar si hubo “agentes dinamizadores” que iban de paisano y de uniformados ese día.
Tardón espera también las imágenes “terrestres, marítimas y aéreas” de la frontera ceutí ese día para poder reconstruir la fotografía completa sobre qué fue lo que ocurrió. En este sentido, la noticia publicada por EL PAÍS sobre la presencia de una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos, sin autorización, en aguas españolas coincidiendo con los días de la movilización de los inmigrantes cobra especial relevancia y el partido político Iustitia Europa, que ejerce de acusación popular, ha pedido que se investigue el alcance de esta incursión y las órdenes que se dieron a la Armada. Fuentes policiales recuerdan, además, que entre los medios que el Ministerio del Interior desplegó el día de la gran entrada hubo un dron que, en principio, debería tener imágenes aéreas que permitan esclarecer este punto.
Sin imputados
De momento, la causa sigue sin tener ningún investigado. La magistrada ha escuchado ya a los primeros tres testigos, entre ellos al jefe de la Policía local, al exjefe de gabinete del delegado de Gobierno, Gonzalo Sanz, y al propio presidente ceutí, Juan José Vivas. Los tres relatos coincidieron en que los días anteriores a la mayor entrada de migrantes de la historia de Ceuta ya existía mucha preocupación en la ciudad porque la situación estaba alejada de lo que podía ser una crisis migratoria más como la de veranos anteriores y que, además, la sentencia del Tribunal Supremo, que prohibía la devolución en caliente de aquellos que llegaran a nado, estaba provocando el colapso de los sistemas de acogida.
Fuentes que forman parte de la causa creen que el siguiente paso que podría dar Tardón pasa por llamar a declarar al propio delegado del Gobierno entonces, Miguel Ángel Pérez Triano, quien dimitió hace unas semanas. Él, como contó este periódico, remitió al menos dos informes al Ejecutivo en los días previos al episodio bajo investigación solicitando refuerzos policiales y una modificación de la ley de extranjería. Si las mencionadas fuentes jurídicas se inclinaban en un inicio de la causa por apuntar a que la magistrada podía llamar a Pérez Triano como investigado, tras escuchar a los primeros testigos, ya nadie descarta que la jueza prefiera llamar al ex delegado de Gobierno como testigo, con obligación de decir la verdad, para seguir escalando una hipotética responsabilidad en el refuerzo de la frontera que todavía, sin embargo, no ha sido definida en ningún delito concreto. En el horizonte, eso sí, está ya marcado en rojo el calendario electoral, la fecha del 29-N, con el que todos los tribunales suelen frenar sus decisiones relevantes para tratar de no entorpecer el espacio político.