El desahucio de Maricarmen Abascal ha provocado una alquimia y ha abierto el camino para convertir el descontento en fuerza de transformación social. ¿En toda la sociedad, en buena parte de ella, sólo en un sector? ¿Suficiente para cambiar el estado de ánimo del electorado progresista? Estas son las preguntas que permiten valorar la pertinencia de un adelanto electoral. De momento, lo ya constatado es que la movilización ha focalizado la conversación pública en la principal preocupación de los españoles, los responsables políticos se han visto forzados a actuar con sentido de urgencia, cualquier intento de confrontación generacional se ha frustrado al ver a miles de jóvenes saliendo a las calles para protestar por el desahucio de una mujer de 87 años, y lo que es más relevante, el descontento individual que conduce a la apatía y la melancolía se ha convertido en redescubrimiento de la fuerza de la acción colectiva.
Se ha dicho que las movilizaciones por la vivienda son una vuelta al 15-M o un “15-M de la vivienda”. En absoluto. En 2011 los indignados gritaban “no nos representan” y pedían resetear el sistema, más y mejor democracia. Rechazaban nombrar portavoces, no permitían que ningún político reconocible asomara por las plazas y mantenían una relación de animadversión con la prensa. Hoy conocemos perfectamente la cara de los portavoces, se puede ver a líderes de la izquierda saludando a diario a los acampados y no hay medio de comunicación que se precie que no emita con las tiendas de campaña de fondo. Hace 15 años los indignados impugnaban el sistema; estos días en las acampadas se debatían dos reales decretos ley.
No obstante, si estas imágenes nos recuerdan a aquellas es porque tienen cosas en común. Ambas estallan con gobiernos de izquierda en reacción a una percepción de fracaso en el propósito de dichos ejecutivos. Este Gobierno de coalición progresista, al que hoy se increpa desde las plazas, recoge en buena medida la ola de renovación que levantó la indignación de 2011. La lucha contra la desigualdad, y la vivienda como factor clave de ella, forma parte de su propósito y su razón de ser. De ahí que las calles no se enfrenten a los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la mayor parte de las competencias, sino a quien entienden que está incumpliendo su promesa fundacional. Y por esto mismo la derrota de los reales decretos ley en el Congreso evidencia que el Gobierno de coalición progresista carece ya de margen para seguir avanzando en su programa. Como dijo el presidente, era esa la hora de la verdad.
Ahora bien, una cosa es la movilización social de perfiles progresistas y otra los votos. De hecho, la indignación del 15-M tardó cuatro años en reflejarse en las urnas. Este movimiento de indignación ciudadana puede ser una oportunidad para la izquierda si se dan una serie de condiciones que eviten que se transforme en un ejercicio de antipolítica. En primer lugar, una movilización ciudadana que siga poniendo el foco en los problemas que impactan sobre la ciudadanía, con la vivienda como ejemplo de la defensa del Estado de bienestar, y consiga mantener la tensión, que difícilmente se prolongará más allá de unos cuantos meses. Los sindicatos de inquilinas serán clave, pero también los sindicatos de clase y las organizaciones de la sociedad civil. Cuanto más transversal sea la movilización desde el punto de vista generacional, territorial e ideológico, más impacto tendrá. Por otro lado, si la izquierda quiere movilizar a ese casi millón y medio de votantes que tiene en la abstención, ha de hacer de la campaña un ejercicio de pedagogía explicando sus propuestas concretas en defensa de la equidad y la cohesión social. Un marco de derechos sociales, cohesión y Estado de bienestar es probablemente el único que puede movilizar hoy a los progresistas desencantados.
Esta es la ventana de oportunidad que ahora se le abre a la izquierda. ¿Qué escenario mejor va a tener, de aquí al final de la legislatura, para llamar a las urnas? Pensar en evidenciar las maldades de gobiernos PP-Vox en las comunidades autónomas como palanca de movilización de los progresistas es no entender que entre 2023 y 2026 hay una eternidad, como evidencia la reedición de los gobiernos conservadores y ultras allí donde ya gobernaban. Para una parte de la sociedad española la ultraderecha ha dejado de dar miedo, para otra, incluso está de moda.
La derrota de los dos reales decretos ley sobre la vivienda pone de manifiesto que el Gobierno de coalición progresista no tiene ya margen para seguir avanzando en sus políticas. Reconocer esto y actuar en consecuencia puede ser lo que le devuelva el apoyo y la confianza de quienes un día apostaron por ellos y hoy están sumidos en el desencanto y la impotencia.
