Son las diez de la mañana de este viernes en la casa de ejercicios El Buen Pastor, en Toledo, cuando la Guardia Civil entra y reúne a los familiares en el jardín. Han pasado 72 horas desde el accidente ferroviario y los agentes les transmiten un mensaje: tienen que prepararse para el peor de los escenarios. Un grito de dolor rompe el silencio que sigue a esas palabras. Una mujer cae de rodillas al suelo mientras quienes la acompañan tratan de sujetarla. El hilo de esperanza al que todavía se aferraban las familias empieza a deshacerse. Después de esa visita, nada vuelve a ser igual en la casa. Entre las más de cien personas congregadas allí se abre entonces un debate doloroso, si empezar a comunicar las malas noticias al resto de la familia o esperar un poco más. “A veces es mejor la hostia directamente que sostenida en el tiempo”, le dice una mujer a su madre.
Tres días después del accidente, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha completado ya todas las autopsias de los 69 fallecidos, de los cuales 36 ya han sido identificados y 27 de estos casos, ya se han comunicado a las familias. Para ellas, el peor de los escenarios se ha hecho realidad. Las demás siguen esperando. Las horas transcurren en el jardín, sobre las mantas de la Cruz Roja, que también les sirven para resguardarse cuando refresca. Allí, entre la incertidumbre y el temor a recibir una noticia definitiva, el tiempo parece no avanzar. La poca información que tienen llega a cuentagotas.
Tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advertía de la dificultad que entraña la identificación de todas las víctimas. “Lo que aparece en los depósitos son 68 cadáveres completos, más el fallecido en el hospital y los restos que están en un proceso muy complejo de identificación”, explicaba. García-Page detallaba que durante las labores de extracción de los vagones siniestrados se han recuperado “31 bolsas con restos parciales”, una circunstancia que añade dificultad al trabajo de los equipos forenses. “Como comprenderán, es de una enorme complejidad a la hora de la identificación”, señalaba. A primera hora de la noche de este viernes, 39 personas continuaban ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha. De ellas, 17 en unidades de cuidados intensivos y las otras 22, en planta.
La delicada identificación de las víctimas ha obligado a sus familias a emprender un doloroso peregrinaje que comenzó con las primeras noticias del accidente y que, tres días después, todavía no ha terminado. El primer destino fue el pabellón del colegio público de Urda. Hasta allí se desplazaron desde las inmediaciones del lugar de la tragedia los familiares de los desaparecidos. Pasaron la jornada esperando, mientras los voluntarios recogían sus datos para elaborar un listado de familiares. Eran las primeras horas de una espera que para muchos se prolongaría durante días. Pasadas las seis de la tarde, un responsable de Renfe cogió un micrófono y les dijo que el pabellón se iba a cerrar. Los familiares serían trasladados en autobuses hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, donde tendrían que presentar la denuncia por desaparición, aportar todos los detalles que pudieran recordar y someterse a las pruebas de ADN los parientes directos de las personas desaparecidas. Estas muestras servirían para facilitar la identificación de los cuerpos, un proceso que se ha llevado a cabo mediante el análisis de huellas dactilares por parte del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
La Comandancia fue la segunda parada de un recorrido que todavía no había terminado. Desde allí, los familiares se trasladaron a la casa de ejercicios El Buen Pastor, en Toledo, donde la mayoría permanece todavía a la espera de noticias. Detrás de ese peregrinaje hay un procedimiento que, desde 2009, está regulado en España por un protocolo nacional de actuación médico-forense y de policía científica en sucesos con víctimas múltiples. La norma establece un marco de coordinación entre la autoridad judicial, los médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —Policía Científica, Guardia Civil y policías autonómicas— y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF).
“El que lleva la autoridad principal tras cualquier gran catástrofe es el juez instructor”, cuenta por teléfono Alexis Hernández, de 59 años y director de la delegación en Canarias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Hernández explica que el magistrado suele delegar en el instituto de medicina legal más cercano la identificación de los cuerpos. En el caso del accidente de Toledo, todo se ha centralizado en Madrid.
“Una vez ahí, tenemos dos escenarios”, asegura por teléfono Antonio Alonso, el genetista forense de Lasa y Zabala, el 11-M, el Yak-42 y el crimen de Almonte. Primero, el de la morgue, donde se van a obtener los denominados datos post mortem, para recoger cualquier información que ayude a identificar el cuerpo, generalmente la huella dactilar. Y luego, está un segundo grupo, que se denomina ante mortem, donde se recogen todas las características, pruebas e información recogidas cuando la persona estaba viva, como radiografías, huellas dactilares registradas e incluso objetos personales aportados por los familiares.
Los expertos cuentan que estos dos grupos trabajan independientemente y que ambas muestras se remiten al laboratorio donde se van a hacer los análisis. Lo habitual en estas catástrofes es que, en la medida de lo posible, se recojan huellas dactilares a todas las víctimas.
Si las víctimas superan la treintena, como este caso, lo habitual es que se envíen a dos laboratorios para hacer más rápidas las identificaciones. En este caso en concreto se ha decidido que las muestras post mortem vayan a Madrid. Y las muestras de los familiares (ante mortem) a la sede del servicio criminalístico de la Guardia Civil.
“Obviamente, existe coordinación entre los laboratorios”, explica Hernández, director de la delegación en Canarias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Las muestras se incorporan progresivamente a una base de datos de ámbito nacional, denominada Sigeni, donde se cruzan los perfiles genéticos. Por un lado, están las muestras de ADN aportadas por los familiares; por otro, las recogidas de las víctimas. Cuando ambos perfiles coinciden, se establece la identificación.
“Es un proceso largo, que tarda días”, recuerda Alonso, que también fue director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. “A mí me consta que los compañeros de Madrid están trabajando mañana y tarde para identificar a los cuerpos”, explica Hernández, unas horas antes de que concluyeran todas las autopsias pendientes.
A medida que pasan las horas, la espera se vuelve cada vez más difícil de soportar entre las cuatro paredes de la casa parroquial. En el jardín, una mujer trata de poner palabras a esa angustia: “Se me está haciendo eterno sin tener ninguna información. No te puedes hacer una idea de lo que es hasta que no estás en esta situación”, dice. A pocos metros, varios familiares descansan tumbados sobre una de las mantas de la Cruz Roja. Cuentan que les han dicho que ya no queda nadie por identificar en ningún hospital de Madrid ni de Castilla-La Mancha. La incertidumbre empieza a dar paso también a la indignación: “Esto es algo que ha pasado ya, no puede ser que no se haya cogido experiencia”, reprochan.
Este jueves por la tarde llegó a la casa de ejercicios El Buen Pastor Rodrigo Hernández. El joven había pasado horas recorriendo hospitales en busca de su primo, de doble nacionalidad estadounidense y mexicana, del que no sabía nada desde el accidente. Su búsqueda es también la de otros familiares que esperan noticias al otro lado de las fronteras. En el tren no viajaban solo ciudadanos españoles, 14 de las denuncias por desaparición corresponden a personas extranjeras, de diez nacionalidades distintas: argentina, australiana, canadiense, estadounidense, francesa, japonesa, mexicana, checa, tunecina y venezolana.
En estos casos, la identificación requiere recurrir al ADN. Para ello, se toman muestras a los familiares que se encuentran fuera de España y se envían al Instituto Anatómico Forense encargado de las identificaciones, donde se cotejan con las obtenidas de los cuerpos que todavía no han podido ser identificados. En este proceso también ha intervenido la Interpol, que ha facilitado el envío de muestras desde otros países. Pese a las dificultades que entraña una operación de estas dimensiones, el protocolo español “está a la altura de los de otros países europeos”, subrayan ambos expertos.
Para las familias que esperan noticias desde otros países, la incertidumbre se prolonga todavía más. Durante las primeras horas, cuando el pabellón del colegio público de Urda sirvió de refugio a los allegados de los desaparecidos, también acudieron amigos de pasajeros extranjeros. Eran personas que se habían desplazado hasta allí por encargo de familiares que no podían viajar a España y que trataban de recabar cualquier información sobre sus seres queridos.
El procedimiento era el mismo que para el resto de las familias: debían acudir a la Comandancia de la Guardia Civil para presentar la denuncia por desaparición y aportar todos los datos posibles. Pero había una dificultad añadida, al no ser familiares directos, no podían someterse a las pruebas de ADN para facilitar la identificación. Por eso, cualquier pista podía resultar determinante. “Cualquier descripción física, de la ropa que llevaba, del color de su pelo, tatuajes, cualquier detalle es esencial”, explicaba una voluntaria en el pabellón.
Más de 60 profesionales trabajan en Toledo en las labores de autopsia e identificación de los fallecidos. Entre ellos hay médicos forenses de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres, además de dos asesoras del Ministerio de Justicia. Mientras los equipos avanzan en este trabajo, las familias siguen pendientes de cada nueva información. De las 72 denuncias por desaparición registradas hasta primera hora de la noche, cinco personas han sido localizadas con vida. Según un último balance de última hora de la noche de este viernes, se mantenían 67 denuncias por desaparición activas. Las tres últimas localizaciones han permitido encontrar a dos de ellas en hospitales y confirmar que una tercera ni siquiera había llegado a subir al tren el día del accidente.
