Junto con otras ciudades del país, Nueva York ha presentado una demanda contra los planes del presidente Donald Trump, desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), de negar tarjetas de residencia permanente (Green Card) a quienes se conviertan en una carga pública.
"No queremos obtener una medida cautelar temporal, queremos detener por completo la implementación de esta norma", aseguró el alcalde de Nueva York. Zohran Mamdani, en una rueda de prensa en el consistorio junto a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que ha presentado una demanda similar.
"Que no quepa duda: se trata de un intento descarado de privar a los neoyorquinos de los servicios de los que dependen y de las prestaciones públicas a las que tienen derecho", agregó el alcalde.
Luego alertó de que algunas familias "ya han empezado a renunciar a servicios esenciales" por miedo a que en un futuro puedan utilizarlo para negarles su permiso de residencia. Aseguró que "hasta 4 millones de personas de todo el país podrían darse de baja solo de su seguro médico, incluidos 1,8 millones de niños".
¿Qué dice la nueva norma del USCIS?
Desde el 18 de septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplica una guía actualizada sobre la llamada carga pública, una causal de inadmisibilidad que puede afectar a ciertos migrantes que solicitan la Green Card.
A partir de entonces, además de considerar la pertenencia a Medicaid o recibir los llamados “vales de alimentación” (SNAP), los oficiales de USCIS podrán considerar otros factores para aprobar el ajuste de estatus. Por ejemplo, edad, salud, situación familiar, activos y recursos económicos, y educación y habilidades.
De todas formas, la nueva regla mantiene excepciones para distintos grupos. Entre ellos, refugiados, asilados, solicitantes y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), víctimas de determinados delitos o trata mediante visas U y T, y solicitantes bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
La ciudad de Nueva York lidera una coalición contra la estrategia de la Administración de Trump, a la que también se han sumado Chicago, San Francisco y Seattle, así como el condado californiano de Santa Clara, el de King, en el estado de Washington, y la organización Public Rights Project.
En el caso del estado de Nueva York, la coalición incluye a otros 20 estados, entre los que destacan California, Colorado, Hawái, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin.
Los demandantes sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende USCIS, excedió las facultades otorgadas por el Congreso y modificó el concepto histórico de carga pública. También afirma que el gobierno federal actuó de manera arbitraria y no cumplió con los procedimientos requeridos para establecer cambios sustanciales en las reglas migratorias.
En tanto, el DHS señaló: “los estados santuario están aterrorizados de que pierdan fondos federales porque cientos de miles de inmigrantes ilegales y no ciudadanos podrían retirarse por sí mismos de los programas de asistencia social estadounidenses”.
La justicia no había tomado una decisión al 5 de octubre y esta prevista una audiencia para el 9 de ese mismo mes. Por lo tanto, las nuevas reglas de USCIS están en vigor.
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