El Gobierno inauguró este martes lo que ha denominado “martes sociales” para aprobar, en el Consejo de Ministros que se celebra ese día, medidas que pretende sacar adelante antes de las elecciones. El primer decreto aglutina una serie de elementos de diversa índole, entre los que destaca el acceso a la pensión de viudedad para parejas sin vínculo legal pero con hijos. La ampliación del acceso a la reducción de jornada para cuidados, la mejora de prestaciones para víctimas de violencia de género y la ampliación de permisos para atender a hijos muy enfermos completan esta primera entrega.
Ninguna de las medidas supone una reforma importante de la prestación que se modifica. Se trata más bien de flecos pendientes —algunos, promesas que se habían quedado en el diálogo social y que no se habían materializado hasta ahora— y que benefician a un número indeterminado de personas. El Ejecutivo no ha ofrecido las cifras de cuántos nuevos perceptores de pensión de viudedad puede haber al equiparar a quienes tengan hijos y acrediten dos años de convivencia con los matrimonios o las parejas de hecho, hasta ahora únicos beneficiarios de esta prestación.
También hay mínimos retoques para ampliar el derecho a un colectivo que accede con menor frecuencia a la viudedad: los divorciados o separados que tuvieran derecho a la pensión compensatoria como consecuencia de la ruptura del matrimonio. Fuera de este ámbito, se amplía la posibilidad de pedir reducción de jornada para cuidados, se amplían los supuestos de incapacidad temporal en casos de violencia de género y se elimina el requisito de edad, hasta ahora en 26 años, para recibir la prestación por cuidado de hijos con dolencias graves.
No parece que ninguna de estas medidas, que requieren convalidación parlamentaria, vaya a generar controversia en la Diputación Permanente del Congreso. Cuestión distinta será la subida del salario mínimo para 2027, una política de mayor alcance que estos retoques y que el Gobierno ha prometido dejar aprobada antes de la cita en las urnas. Esa decisión, que sí podría generar más rechazo en el Congreso, no necesita el respaldo parlamentario para entrar en vigor.
Aunque el Ejecutivo tenga legitimidad para gobernar hasta el último día y aprobar en Consejo de Ministros lo que considere que beneficia al país, la etiqueta de “martes sociales” para aglutinar estas medidas y la aceleración de proyectos en pocos días revelan una voluntad de que funcionen como escaparate electoral con vistas al 29-N.
