Importantes consensos, pero también disensos, exhibió la reciente (2/10) Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (RCMRE) en la sede de la OEA, Washington D.C., sobre el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua.

La RCMRE es un mecanismo del multilateralismo interamericano previsto en la Carta de la OEA. Los Estados miembros pueden utilizarlo para considerar colectivamente “problemas de carácter urgente y de interés común.”

Esta vez se convocó para examinar la violación de los derechos humanos y la supresión de la democracia en Nicaragua por parte de la dictadura Ortega-Murillo (O-M), y la amenaza que ello representa para la paz y seguridad de la región.

El primer consenso logrado fue la convocatoria misma de la reunión, por amplia mayoría, aunque no por unanimidad como se esperaba, tras la abolición de elecciones por parte de la dictadura. Brasil y México se opusieron a su realización, alegando que se debía respetar principios del derecho internacional como la soberanía del Estado y la no-intervención; pero ignorando que la dictadura O-M viola el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho a la democracia, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Inter-Americana, donde se establece que “los pueblos tienen el derecho a la democracia y los gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.”

Otros consensos se reflejan, luego de largas y tensas horas de negociación, en la Resolución aprobada en la reunión (OEA/Ser.F/II.31). Aquí los Estados miembros acuerdan expresar su preocupación por “ el continuo desmantelamiento de la democracia representativa en Nicaragua...,” por la represión sistemática instaurada, por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas, la desnacionalización y el exilio forzado, la confiscación de bienes, la opresión de la libertad de religión, de los medios y de asociaciones civiles.

También señalaron que los actos de “represión transnacional de disidentes en el extranjero...” y la “injerencia extranjera” con suministro de tecnología para vigilancia y represión interna han impactado países vecinos (Costa Rica, en particular) y “tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región.”’

Acordaron asimismo exigir que la dictadura ponga “fin a las represalias” y garantice “el pleno respeto de las libertades y derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos...;” que libere los presos políticos; que restaure la nacionalidad de las personas despojadas de la misma y permita su regreso; que restablezca las libertades fundamentales de expresión, asociación y religión, así como la independencia de las instituciones y el estado de derecho; que disponga “las condiciones para la celebración de elecciones libres y justas...” y que termine con “la injerencia extranjera” de apoyo tecnológico que “facilita la vigilancia y la represión interna...”

Consensuaron además la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento (GMS) cuya misión es buscar el diálogo con la dictadura para una visita a Nicaragua, que permita un diálogo con todo el espectro político y social del país. El grupo debe conformarse dentro de los 30 días y deberá presentar sus recomendaciones a la RCMRE (que permanece abierta), dentro de los siguientes 60 días sobre el cumplimiento de las exigencias señaladas. Las mismas deberán incluir “acciones diplomáticas y jurídicas concretas, que no impliquen el uso de la fuerza…” El GMS contará con la asistencia técnica de la Secretaría General de la OEA y no de las Naciones Unidas como había sugerido Brasil.

Sin embargo, un disenso significativo se manifestó en los discursos y notas de pie de la Resolución. Por ejemplo, el Brasil de Lula, el México de Morena y el Uruguay del Frente Amplio plantearon su desacuerdo con la noción de que Nicaragua es una amenaza para la paz y la seguridad de la región --so pena de que ello sea utilizado para intervenir militarmente e imponer un gobierno sumiso, “a la Venezuela.”

Más allá de que las dictaduras siempre son una amenaza para la paz y la seguridad, el planteo ignora “la delincuencia organizada transnacional,” y la “represión transnacional contra disidentes”, emanadas de Nicaragua y señaladas por Costa Rica; o el desafío que representa, en el conflictivo contexto geopolítico actual, la presencia en ese país de potencias autocráticas extra-regionales como China y Rusia.

El cónclave también reflejó la habitual tensión en el multilateralismo interamericano entre la protección de los derechos humanos y de la democracia, por un lado, y la defensa de la soberanía de los Estados (no del pueblo) y del principio de no-intervención, por otro.

En el caso nicaragüense hoy día pareciera prevalecer lo primero, aunque restringido por la insistencia, por ejemplo, de Brasil y México en la necesidad de respetar lo segundo. La insistencia en que el destino del país lo deben decidir los nicaragüenses es incuestionable, y por eso las democracias de la región deben presionar con todas las medidas posibles para que los nicaragüenses tengan la oportunidad de hacerlo a través de elecciones íntegras. Proteger una dictadura en nombre de la soberanía del Estado y la no-intervención es un despropósito y se acerca a un intervencionismo perverso contra la voluntad popular.

La conformación del GMS y sus recomendaciones dirán por dónde se inclina la balanza. Pero es de destacar la dosis de realismo político que insertó el representante de Grenada, al dejar en la mesa la incómoda inquietud de cómo procederían los Estados miembros en el caso de que dictadura rechace el dialogo y la visita del GMS. Veremos allí si existe consenso o mayoría para proceder con contundentes medidas/sanciones que obliguen a la dictadura a iniciar un proceso de restauración democrática.

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