Hace ya una década, Andorra decidió poner fin al secreto bancario. El país transpirenaico cerraba una larga época en la que su economía se vertebró bajo su condición de paraíso fiscal para entrar en una nueva era en la que quería potenciar su industria turística y sacar partido de un sistema tributario muy laxo para atraer empresas. La semana pasada, el Gobierno puso la guinda al pastel al cerrar un acuerdo de asociación con la Unión Europea que le da acceso al mercado interior comunitario. Sin embargo, el pacto se cierra en medio de una gran contestación social por el encarecimiento de la vivienda y con unos sondeos que señalan una victoria en las elecciones de 2027 del actual primer partido de la oposición, que está en contra de este acuerdo con la UE.
Andorra salió en diciembre de 2018 de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Lo hizo después de que el Gobierno del país acelerase un paquete de reformas que empezó a desplegar tras la quiebra de la banca BPA, la matriz de Banco de Madrid. Por aquel entonces, además, el país había empezado a negociar ya un acuerdo de asociación con Bruselas, que también quería atar su relación con San Marino y Mónaco, aunque este último acabó descolgándose. El pasado 19 de octubre, Andorra daba un salto en sus relaciones con la UE al rubricar un pacto que le da acceso al mercado único, según el Ejecutivo comunitario, “bajo normas comunes y condiciones de competencia leal”.
El actual acuerdo da un campo de juego enorme a un país que, hace diez años, ya se vio obligado por la presión de España y Francia a crear un sistema impositivo con tributos sobre el consumo, la renta y los beneficios corporativos para que ambas capitales dejaran de penalizar sus exportaciones de bienes y servicios. El Gobierno andorrano de ese momento hizo de la necesidad virtud, miró hacia Irlanda o Luxemburgo y fijó un sistema de muy baja tributación con bonificaciones fiscales muy generosas que ha acabado por atraer a youtubers e influencers, convirtiendo a Andorra en prácticamente un club formado por miembros con una factura tributaria muy baja. Con el paso adoptado la semana pasada, las empresas tendrán un mayor alcance, puesto que accederán sin límites al mercado europeo después de haber adoptado toda la legislación comunitaria. “Debemos integrar toda la normativa relativa a los ámbitos que cubre. Hoy hay muchas leyes que ya se aplican, pero no se reconoce la equivalencia jurídica. Eso dejará de ser así, abriendo a nuestras empresas la posibilidad de ser más competitivas”, sostiene el secretario de Estado para las relaciones con la UE, Landry Riba.
El Gobierno de centroderecha andorrano, presidido por Xavier Espot (Demòcrates), ha considerado que el texto debe pasar por un referéndum consultivo que será “políticamente vinculante”, según Riba. Si sale favorable, pasará por el Parlamento para luego ser sometido al consentimiento de los copríncipes del país —los dos jefes de Estado: el presidente de la República Francesa y el obispo de la Seu d’Urgell—. Pero no está nada claro que eso vaya a ocurrir. Los últimos sondeos publicados dan al no una ventaja de casi 13 puntos respecto al sí en un país de unos 90.000 habitantes. Concòrdia, un partido reformista y ecologista, se opone al pacto. “Somos un partido europeísta, que queremos hallar el encaje dentro de la UE, pero no podemos aceptar lo que incluye este acuerdo y cómo lo incluye”, sostiene Cerni Escalé, líder del partido.
Apoyo de la patronal
Según el Gobierno, el acuerdo contempla una libre circulación de trabajadores asimétrica, total para los andorranos pero no para los extranjeros que quieran residir en el país, que mantendrá un sistema de cuotas que, según Riba, será más conservador que el actual. También queda al margen el sistema fiscal. La integración de otros sectores sensibles para el país, además, se irá haciendo de forma paulatina: las telecomunicaciones tendrán siete años para adaptarse, las finanzas hasta 15 y la industria del tabaco, hasta 30. La oposición, sin embargo, cree que el demonio está en la letra pequeña y no está de acuerdo con los apartados referentes a las cuotas, la vivienda o la gobernanza del pacto. “El desacuerdo está en varios puntos, que son definitorios de la calidad de vida, los servicios públicos, la vivienda y la capacidad de la empresa andorrana”, replica Escalé, quien afirma que, si gobiernan, procurarán que el Ejecutivo se mantenga neutro en la consulta.
La patronal andorrana sí ha dado su apoyo al acuerdo, a pesar de admitir que ni entre los empresarios existe la unanimidad. “Andorra y sus empresas se adaptan a la legislación europea, pero eso no se nos reconoce porque no existe la equivalencia jurídica. Entrar en el mercado comunitario nos debe permitir desarrollar actividades de mayor valor añadido y captar también más inversiones de ese tipo”, sostiene Iago Andreu, director de la Confederación Empresarial Andorrana. Sin embargo, la oposición ve en el acuerdo una amenaza para algunas de sus máximas preocupaciones y prioridades de cara a las elecciones, por ejemplo, el mercado de la vivienda, cuyo precio se ha duplicado en solo cinco años por la explosión demográfica de los últimos tiempos y la avidez de los inversores extranjeros.
Joaquim Llimona, abogado y profesor de Derecho Europeo en la Universidad Internacional de Cataluña, cree que el acuerdo ofrece oportunidades empresariales, el acceso a programas como el Erasmus y permite ordenar las relaciones entre la UE y Andorra. “Hay parcelas en las que se perderá soberanía, pero a cambio habrá mecanismos para participar. En el mundo actual, para conservar el poder de decisión hay que estar imbricado en la UE. Lo vio Liechtenstein, que un memorando recuerda que su relación con la UE es lo que le ha permitido sobrevivir como país”, explica. También lo ve así Riba, quien cree que con el actual escenario geopolítico Andorra por fin tendrá una mesa estable en la que sentarse con Bruselas. Los ciudadanos deberán decidir, en todo caso, dónde está el horizonte de sus relaciones con la UE, aunque todavía no hay fecha para que lo hagan.
