Munimul Islam y su mujer, Rebecca Connor, aterrizaron en el aeropuerto de El Prat el 29 de septiembre por la noche en un vuelo de Ryanair procedente de Londres. Era la primera vez que viajaban sin sus hijos, que tienen menos de dos años y se quedaron en Essex, donde vive la familia, a cargo de los padres de Connor. Su intención era pasar dos noches en Barcelona para celebrar su aniversario de bodas. Pero el viaje se frustró de forma prematura en el control de pasaportes. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a Islam, un empresario del sector tecnológico de 40 años, al constatar que Interpol había emitido contra él una notificación roja a petición de las autoridades de Myanmar. El hombre, natural de Bangladesh, permanece en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional a la espera de que se resuelva su extradición, a la que se opone porque cree que se trata de una revancha y que, si es entregado, su vida estaría en riesgo.
Según los documentos a los que ha accedido EL PAÍS, Myanmar acusa a Islam y a otros dos miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país de “estafa” por recaudar entre 300.000 y 500.0000 dólares “utilizando el nombre de la cámara sin conocimiento y aprobación de la junta directiva”. Ese dinero sirvió, presuntamente, para contratar los servicios de Mercury Public Affairs, una consultora internacional radicada en Nueva York que ejerce como grupo de presión ante los gobiernos para promover los intereses de sus clientes. Según fuentes cercanas a la familia, la empresa debía desplegar sus actividades de lobbying para mejorar las perspectivas comerciales de las empresas norteamericanas allí. Islam “ejecutó” el acuerdo con una “entidad americana” y “sin autorización” de la junta, según la breve explicación recogida en la nota de Interpol.
La justicia de Myanmar señala a otras dos personas por esos hechos: el australiano Danny Kyay y el norteamericano Adam Castillo. Ambos fueron detenidos y encarcelados en junio, pero fueron puestos en libertad tres meses después. Castillo, examarine y cercano al movimiento MAGA de Donald Trump, fue excarcelado presuntamente tras las presiones ejercidas por el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, según ha revelado el diario The Washington Post. Islam, que en 2018 radicó en Myanmar su empresa Misfit Technologies, alzó la voz contra esas detenciones en redes sociales y medios de comunicación. Esas manifestaciones no gustaron a las autoridades y desencadenaron “una venganza”, explica a este diario Connor. “Mi marido hizo mucho ruido en redes, y el hecho de que esas dos personas hayan quedado en libertad demuestra que no hay caso, menos para uno por la vía penal”, cuenta desde un piso facilitado por el consulado de Bangladesh en Barcelona como residencia temporal. “Está siendo muy duro estar en el extranjero sin mis hijos. Es injusto que mi marido esté en prisión”, lamenta.
Ese apartamento es uno de los argumentos que empleará el abogado de la familia, Cristian Carci, para pedir a la Audiencia Nacional que le deje libre hasta que resuelva sobre la extradición. El tribunal ordenó su ingreso en prisión sin fianza con el argumento de que no tiene arraigo en España y, por tanto, existe el riesgo de que se dé a la fuga. Carci coincide en que las manifestaciones públicas de Islam no gustaron en Myanmar y agrega que, en su caso, confluyen cuestiones de geopolítica que trascienden la figura del empresario.
Myanmar es formalmente una república presidencial pero, en la práctica, sigue fuertemente controlado por las fuerzas armadas. Islam registró allí, en 2018 (tres años antes del golpe de Estado), la empresa Misfit Technologies, de la que es consejero delegado. Más tarde, pasó a ocupar un cargo en la junta de gobierno de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ubicada en Yangón, al sur del país. Abandonó el cargo en 2025 y se instaló en Reino Unido con su mujer y sus hijas, que tienen la nacionalidad británica.
El empresario, que es musulmán, cree que su vida corre peligro si se le extradita a las autoridades del país asiático. Las relaciones bilaterales son muy tensas, en parte por el conflicto con la comunidad musulmana de los roginyhas, recuerda su abogado: Bangladesh acoge a más de un millón de refugiados tras su expulsión de Myanmar. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, por su parte, desaconseja viajar a Myanmar por su “situación de seguridad altamente volátil” y una “inseguridad jurídica” que ha derivado en “detenciones arbitrarias, incluso de personas extranjeras”.
Bangladesh niega los cargos
La Embajada de Bangladesh apoya sin fisuras a la familia y ha elaborado un informe confidencial, al que ha accedido este diario, que contradice las acusaciones de Myanmar. Tras analizar la documentación, considera probado que el órgano de gobierno de la Cámara de Comercio aprobó, el 1 de noviembre de 2024, la resolución para recaudar fondos y contratar al “lobby sobre Myanmar”; esa resolución aprobaba “expresamente la iniciativa de lobbyng” y nombraba a Misfit, la empresa de Islam, como “patrocinador externo” para pagar directamente a Mercury en Estados Unidos. Cinco de los seis miembros votaron a favor y formalizaron el contrato; son los mismos que, después, “promovieron las acciones penales” contra Islam y otros dos extranjeros, según la información de Bangladesh.
Confiada en que el proceso siga con su marido en libertad, Connor denuncia las “motivaciones políticas” del caso y pide a la justicia española que no deje a Islam en manos de “un régimen militar donde hay cientos de violaciones de derechos humanos”. La mujer señala que Myanmar apenas ha enviado “una frase de información” sobre el caso y subraya que, si es extraditado, su marido “no tiene ninguna garantía de que no vaya a ser torturado o de que vaya a tener un juicio justo”.
