Las disputas internas no dejan de crecer en la Corte Suprema de Brasil, en un inédito enfrentamiento entre sus jueces en plena campaña electoral. El último episodio de los choques ocurrió este miércoles, cuando el magistrado Flavio Dino ordenó reintegrar a sus funciones al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, que había sido suspendido un día antes por un colega del juez del tribunal supremo.

Desatado por una investigación sobre un enorme esquema de fraude, el enfrentamiento entre jueces de la Corte alcanza de lleno la campaña para octubre, cuando el presidente socialdemocrata Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección ante el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

El juez Dino ordenó que el jefe policial Rodrigues vuelva a sus funciones de inmediato contra una decisión de su colega André Mendonça, quien lo suspendió tras acusar a la Policía Federal de haberlo espiado ilegalmente.

La crisis en el tribunal supremo de Brasil estalló la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes del banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido a otro juez de la máxima magistratura judicial, Alexandre de Moraes.

Vorcaro pedía en ellos ayuda al magistrado para eludir una investigación que poco después llevó a su arresto en noviembre, por sospechas de un multimillonario desfalco que resultaría en la liquidación de su banco Master.

El influyente juez Moraes condujo el juicio que en 2025 llevó a la cárcel al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio, por un intento de golpe de Estado en 2022. Y los mensajes de Vorcaro se divulgaron por orden de Mendonça, ex ministro de Justicia de Bolsonaro y designado en la corte por el exmandatario.

A partir de entonces se sucedieron decisiones hostiles entre ambos magistrados, en medio de una campaña electoral y cuando los sondeos anticipan una reñida elección presidencial en octubre próximo.

El presidente Lula da Silva reclamó este miércoles a la Corte Suprema que levante el secreto sobre las investigaciones en torno al mayor fraude bancario de la historia del país. En un mensaje en redes, Lula dijo que es “urgente” tener acceso a las investigaciones sobre todos los involucrados en el caso del banco Master “sea quien sea y duela a quien duela”. El principal perjudicado es su rival, Flavio Bolsonaro. Además, criticó las “filtraciones selectivas” sobre el caso que, según él, “impactan” la campaña.

En base a informes secretos de inteligencia de la policía, Moraes denunció a su colega Mendonça por abuso de autoridad al apuntar en su contra. Mendonça había acusado el martes a la Policía Federal de espionaje ilegal y ordenó la suspensión preventiva de su director general.

Ex ministro de Justicia de Lula, el juez Dino ordenó que su vez que el presidente restituya a Rodrigues en sus funciones al frente de la policía. En su decisión, a la que accedió la AFP, el magistrado adujo que la “medida inédita en la historia de la corporación” de Mendonça puede “paralizar investigaciones y los trabajos policiales” en casos bajo su órbita.

La decisión de Dino corre en paralelo a un recurso de la Procuraduría General de la Unión ante la presidencia de la Corte para la reincorporación de Rodrigues. El presidente del tribunal, Edson Fachin, dio tres días a Mendonça para que se manifieste sobre ese pedido. Flávio Bolsonaro respaldó la suspensión de Rodrigues.

La campaña de Bolsonaro se vio sacudida por el caso Master. La policía investiga giros millonarios solicitados por Flávio Bolsonaro a Vorcaro que, según el candidato derechista, se usarían para pagar una película biográfica sobre su padre. Se indaga si esos fondos se utilizaron en realidad para financiar a otro hijo de Bolsonaro, Eduardo, radicado en EE.UU. y con una condena en Brasil por coacción en el proceso a su padre.

Unas tres mil entidades empresariales divulgaron ayer un manifiesto al país en el que alertaron sobre una “crisis institucional de extrema gravedad” cuyo “epicentro” es la Corte. “Si la legitimidad (de los jueces) es cuestionada, todo lo demás se vuelve incierto: la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la misma paz social”, señaló el texto firmado por las principales cámaras patronales.

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