El magistrado José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, y la fiscal Elena Lorente, de Anticorrupción, han frenado la contraofensiva impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero durante sus primeros cuatro meses como imputado. Tanto el juez como la representante del ministerio público han rechazado las peticiones clave planteadas hasta ahora por la defensa del expresidente del Gobierno —desde el intento de anular toda la causa hasta limitar las pesquisas o bloquear una segunda valoración de las joyas incautadas—; y suman críticas contra su actuación. De hecho, en un reciente escrito, la fiscal le reprocha que busque reiteradas “excusas” para tratar de “encubrir su persistente deseo de limitar la actuación judicial”.
El 19 de mayo de 2026 marcó un punto de inflexión en la vida de Zapatero. Aunque el runrún de su imputación circulaba desde hacía semanas, el juez Calama dio el paso ese día y, además de autorizar los registros en su oficina y la empresa de sus hijas, acordó dirigir el caso contra él. El instructor consideró que existen indicios suficientes de que lideró presuntamente una red de tráfico de influencias para obtener un beneficio económico y que, entre otros negocios, se ofreció intermediación para el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Ya entonces, el expresidente avanzó que daría la batalla (“Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza”, anunció en un vídeo).
La mera elección de su abogado (Víctor Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal muy considerado dentro del PSOE) ya hacía intuir por dónde irían las arremetidas. Además de defender su inocencia, Zapatero se ha lanzado a buscar una nulidad que permita tumbar la investigación o, al menos, cuestionarla. Pero, de momento, no lo ha logrado. Esa estrategia se tradujo primero en la petición de que se reclamara a Estados Unidos más detalles sobre la intervención del móvil del venezolano Rodolfo Reyes, que era dueño de Plus Ultra cuando el Gobierno concedió el rescate y cuyo teléfono fue clonado en Miami en 2021. El contenido de ese aparato, aportado en marzo de 2026 por la Administración americana, nutre la causa con conversaciones sospechosas. Y la defensa del expresidente quería saber si hubo autorización judicial para requisarlo, quién la concedió, cómo se guardó ese material durante todos estos años y por qué se entregó a España en esas fechas. Sin embargo, de momento, el juez Calama no ha visto necesario solicitar toda esa información.
El magistrado tampoco ha aceptado el posterior gran órdago del exlíder socialista. “La actuación procesal seguida se ajustó a la lógica jurídica”, respondió el instructor a la defensa del exdirigente del PSOE, que exigió la “nulidad general” del caso Plus Ultra y la suspensión de una docena de resoluciones judiciales. Entre otras, por ejemplo, se quería tumbar la que dio luz verde al registro en el despacho de Zapatero, donde se encontraron las joyas que han derivado en una nueva línea de investigación por delito fiscal y contrabando. Precisamente, esta semana, Calama ha echado por tierra otro intento del expresidente de bloquear una segunda tasación sobre esas alhajas, al tratar de recusar sin éxito a la joyería Yanes —designada para este nuevo peritaje después de que la casa Ansorena ya las valorase en más de 1,3 millones de euros—.
La lista de varapalos comienza a ser larga: se ha desestimado el intento de limitar el papel de las acusaciones populares, encabezadas por el PP (“Pretende el recurrente cerrar el paso al ejercicio de la acción popular”, le censuró la fiscal); o de suspender la inspección que la Agencia Tributaria mantenía abierta al expresidente y su familia. Calama tampoco ha permitido que, como pedía el exmandatario, se expulse de las pesquisas un informe policial que apunta a otro supuesto tráfico de influencias en Bolivia. Los agentes sospechan que Zapatero cobró 200.000 euros por intermediar para que un grupo peruano no pagara una multa millonaria y los camufló a través de una compañía (Focus Social Research) como labores de consultoría. La defensa argumenta que esa tesis se centra en supuestos hechos ajenos a la causa y se levanta como resultado de una “investigación prospectiva”. Pero, además del instructor, la fiscal también lo niega y acusa al socialista de intentar “encorsetar” las pesquisas. “Incurre en el empeño de ocupar el rol de instructor judicial que no le corresponde”, ha arremetido también el ministerio público.
Actualmente, las partes aguardan a ver cómo se pronuncia el magistrado sobre otra petición de calado. Zapatero ha solicitado al juez que emita una comisión rogatoria (solicitud de colaboración) a Arabia Saudí para que le “confirme” su explicación sobre el origen de las joyas: según él, son un regalo recibido en 2007 del fallecido monarca saudí Abdalá Bin Abdulaziz al Saud. El socialista asegura que ha hecho gestiones para obtener la corroboración, pero que no ha tenido éxito. Por ello, ha planteado que el propio Calama, quien deberá pronunciarse, asuma esa iniciativa.
Frente a los reveses, la defensa del expresidente cuenta entre sus éxitos las medidas adoptadas por el juez para frenar las filtraciones del sumario y la negativa del instructor a retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarle a comparecer cada 15 días, como habían pedido la Fiscalía Anticorrupción y el PP. Aun así, tras tomarle declaración el pasado 17 de junio y escuchar su versión en persona, Calama sigue apreciando “indicios racionales de criminalidad”. Y, mientras tanto, otras defensas empiezan a mover sus fichas y a cambiar de estrategia: la cúpula de Plus Ultra y su amigo Julio Martínez Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante, han comenzado a disparar contra el exmandatario.