El Pleno del Tribunal Constitucional decidirá sobre la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada por el Defensor del Pueblo el viernes en defensa del derecho al voto de 160.000 españoles nacionalizados en virtud de la llamada ‘ley de nietos’. La admisión del recurso, cuya ponencia había correspondido por reparto al magistrado conservador Enrique Arnaldo, se discutirá finalmente en el pleno del tribunal de garantías después de que los tres magistrados de la sección cuarta así lo hayan acordado, dada la trascendencia del asunto. Los doce magistrados del pleno, donde los progresistas conforman una mayoría de 7 a 5, deberán resolver primero si el recurso es prematuro, porque aún no se han agotado todas las vías de la justicia ordinaria —el Supremo, que fue quien suspendió el derecho al voto de los nacionalizados, mantiene abierto el procedimiento y dio un plazo de cinco días para que los afectados puedan personarse—; o si entran en el fondo del asunto, dado que los autos del Supremo son firmes y no cabe recurso contra ellos. En juego está el derecho a voto de 160.000 españoles en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.
El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, incluirá el asunto en el orden del día del pleno que arranca mañana. El Defensor del Pueblo solicitaba al Tribunal que deje sin efecto la suspensión del sufragio y que lo haga a través de una medida cautelarísima, es decir, que la dicte sin ni siquiera escuchar a las partes, dada la “urgencia excepcional” del asunto, del que depende que miles de nacionalizados puedan ejercer su derecho al voto dentro de un mes, el 29N.
El Pleno, además de resolver la propia admisión o no, podría decidir también si concede esa medida cautelarísima —lo que supondría dejar sin efecto y de modo inmediato la suspensión del sufragio dictada por el Tribunal Supremo—, o si admite el recurso, pero lo hace por la vía ordinaria, en cuyo caso daría un plazo de cinco días a las partes —los partidos Vox y Iustitia Europa, que son quienes iniciaron el procedimiento en el Supremo; la Fiscalía, además del propio Defensor del Pueblo—.
