El escritor y diplomático José María Ridao (Madrid, 1961) lleva décadas tratando de interpretar lo que pasa en el mundo; sobre el terreno, desde su trabajo en embajadas y consulados, y sobre el papel, con ensayos, novelas y artículos periodísticos. Ha vivido en legaciones en la extinta Unión Soviética, Estados Unidos o la India. Ahora se encuentra al frente del Consulado de Buenos Aires, el mayor de España en el mundo, y uno de los más afectados por la ley de nietos. Accede a una entrevista telefónica a punto de que se cumpla un cuarto de siglo de su libro La elección de la barbarie (Tusquets, 2002), en el que tocaba muchos de los problemas que atraviesan hoy las democracias.
Pregunta. ¿Se veía venir entonces la tendencia hacia la actual polarización política?
Respuesta. Nunca he pretendido hacer profecías. En el libro trataba de identificar mecanismos. Y sí se veía en 2002 que esto se iba a producir. En ese momento, y en el caso español desde unos años antes, se había puesto en marcha un doble proceso político. Uno fue la estrategia de la crispación, que es utilizar una retórica política insultante, faltar al respeto al otro. El otro mecanismo fue la estrategia de la polarización, por la que una fuerza política escoge deliberadamente una causa que fractura a la sociedad y trata de conseguir con ella el pleno de sus votantes y desactivar a los contrarios. Si puede invocar un principio moral, mucho mejor. En nuestro caso, en su día fue el terrorismo; en este momento, la inmigración: si usted no mantiene mis posiciones sobre la llegada de extranjeros, es que está abdicando de su nación, entregando su cultura, su identidad o cosas peores.
P. Estas fracturas se trasladan casi a cualquier decisión política. Lo veíamos hace poco con el Tratado de Amistad con Francia, que la oposición rechazó firmar.
R. Cuando, por ejemplo, Donald Trump le pidió el certificado de nacimiento a Obama, diciendo que era un extranjero que lo había falsificado, que no era estadounidense, ¿qué ocurre? Que no se cuestiona una u otra decisión del presidente Obama, sino su derecho a tomar ninguna decisión. Esa idea de la polarización, acaba entonces en deslegitimación. Decida lo que decida, es ilegítimo. También lo estamos viendo en otros países, incluido el nuestro.
P. Vivió como cónsul en Washington el primer mandato de Trump. ¿Por qué gana fuerza en el mundo su forma de hacer política?
R. Trump no cambia a Estados Unidos, sino que Estados Unidos llega a adoptar a Trump porque ha cambiado, como consecuencia de la revolución conservadora. Uno de los rasgos esenciales de su política tiene que ver con que un sistema democrático no solo se rige por la norma. Se rige además por los usos democráticos que establecen los líderes políticos para suplir aquellas lagunas que tiene cualquier constitución. Lo que ocurre con Trump, que luego será una característica en otros países, es que, lejos de mantener esos usos, esos pactos entre partidos, solo cumple la literalidad de la ley. Por ejemplo, existía un uso, hasta Trump, de que los presidentes de Estados Unidos, en el último periodo de su mandato, no nombraran jueces de la Corte Suprema. Eso no estaba en la Constitución. Es un uso democrático, y ese uso democrático no es respetado.
P. Ahora se encuentra al frente del Consulado de Buenos Aires, el más grande de España en el mundo, y uno de los que más solicitudes de nacionalidad por la ley de nietos ha recibido. ¿Qué piensa de la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho de voto a 163.000 personas nacionalizadas por esta ley?
R. En el Consulado, por obligación y por convicción democrática y constitucional, acatamos sin reservas cualquier decisión que pueda tomar el Supremo, y siempre insistimos en lo mismo: todas nuestras cifras son públicas. Así, nuestro registro de matrícula ―que es como el padrón municipal dentro de España― es el más grande de todos los consulados de nuestro país en el mundo. Exactamente 364.000 personas; españoles que ya lo eran. No tiene que ver con la ley de nietos. Otra cuestión es que, en efecto, este consulado sea el que más solicitudes para tramitar expedientes de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática ha recibido: 645.000. Entiéndase bien: son solicitudes, no nacionalidades concedidas. De hecho, de esas 645.000 solicitudes, de momento ha resuelto 30.000 debido a dos razones. Una es que el Consulado en Buenos Aires tiene que atender todas las necesidades legales, documentales y de inscripción de las 364.000 personas de su padrón. Y la segunda, que, debido a estas cifras imponentes, el rigor en el tratamiento de cualquier expediente es más que obligado. Todo con 90 personas. Y ahora, además, con la convocatoria electoral del 29 de noviembre, el Consulado tiene que atender todos los trámites legales exigidos para un censo electoral de 331.000 personas. Es decir, una ciudad como Alicante votando en un solo colegio electoral.
P. Parte central del argumento del Supremo para suspender cautelarmente el voto de los nacionalizados que no presentaron prueba de exilio es el “riesgo” de alteración del censo electoral y un “peligro fundado, real y serio” de que el incremento de los inscritos en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) afecte gravemente “a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. ¿Existen estos riesgos?
R. Con todo el respeto, creo que hay un punto de partida en lo que estamos viviendo que exige una atención más pormenorizada: el crecimiento de 400.000 personas en el CERA entre 2022 y 2026 no se debe a la ley de nietos. Nuestra percepción, con los datos que tenemos, es que esas 400.000 personas, por lo menos en lo que respecta al consulado más grande de España en el mundo, no responden a esa ley. Responde a algo tan básico como el crecimiento orgánico de cualquier censo. En nuestro caso, sobre la base de un censo inicial de 331.000 votantes, la aportación real de los 30.000 nacionalizados por ley de nietos no suma más que 10.000 a los inscritos en el padrón o matrícula mayores de 18 años. Personas que, además, votan al partido que decidan y que están repartidas electoralmente por 52 provincias, siempre siguiendo para esta asignación los requisitos que exige la ley. Y si, además, a estos menos de 10.000 votantes se les aplica la tasa histórica de participación en elecciones generales, que en Buenos Aires es de un 6%, estamos hablando de 600 u 800 votos repartidos en 52 provincias, votando cada cual a su partido. De ahí que tengamos la sensación de que, como sociedad que se dispone a votar su próximo gobierno, tengamos que mirar con más detalle las cifras y el sentido de las cifras.
P. ¿Cree que desmontan la argumentación del Supremo?
R. No entro en eso en absoluto. Solo faltaba que un consulado se dedicara a ratificar o a desmontar argumentos, y menos del Tribunal Supremo, cuyas decisiones, como no puede ser de otra manera, está obligado a acatar como todo ciudadano, organismo o institución. Las cifras a las que me refería, y que, insisto, son públicas, podrían, si acaso, aportar algo de claridad y serenidad al enconado debate en torno al censo de los españoles residentes en el exterior. El supuesto de hecho que ha dado lugar al debate jurídico posterior quizá debería ser revisado. Necesitamos como sociedad esa claridad y esa serenidad, porque el debate afecta a algo tan esencial en el sistema democrático como la vía de expresión de la voluntad popular. Una vez que se haga, esperemos que la sociedad española vea que los temores de una incidencia directa de la ley de nietos en el resultado electoral son difíciles de sostener con las cifras.
P. El plazo del Supremo para identificar a los 163.000 afectados expira este miércoles. ¿Se llegará a tiempo?
R. No puedo hablar en términos agregados, porque ignoramos los datos. Gracias al esfuerzo de ordenación y digitalización realizado en Buenos Aires, el Consulado General pudo remitir al Ministerio de Asuntos Exteriores hace unos días los datos requeridos por los autos del Tribunal Supremo.
P. ¿Se corre el riesgo de que alguien decida impugnar las elecciones?
R. Como ciudadano, creo que nuestro deber es conjurar cualquier riesgo relacionado con un asunto tan grave como un proceso electoral, y que siempre se está a tiempo, hasta el último minuto, cada cual desde su responsabilidad personal, administrativa o institucional. Todos le debemos a nuestra sociedad favorecer un clima donde el elemento esencial de la democracia, que es el voto, no esté bajo sospecha.