“Nos va a volver locos este asunto”. Una fuente consular resume así el desconcierto que se ha instalado estos días en los consulados, obligados a hacer frente a una carrera contrarreloj para cumplir con la orden del Tribunal Supremo de identificar a los nacionalizados por la ley de nietos que hayan acreditado la condición de exiliados de sus antepasados. Este viernes, el alto tribunal puso en marcha la cuenta atrás, y dio cinco días a los ministerios de Exteriores y Justicia para que remitan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral los nombres de los 163.020 afectados por la suspensión del derecho al voto.
El plazo, sin embargo, complica a unas oficinas consulares saturadas lo que ya era una difícil tarea antes de la convocatoria electoral. “No da tiempo. Es muy complicado que los consulados grandes puedan hacerlo, porque no pueden suspender todas las gestiones que tienen y hacer solo esto”, explica la misma fuente. Hay consulados en los que se atiende a 700 o incluso 1.500 personas al día, recuerda, una carga de trabajo que hace difícil dedicar recursos a una tarea de esta magnitud. “Es como si tuvieras que reparar un avión en pleno vuelo”, sostiene.
Desde hace semanas, los consulados trabajan a contrarreloj para revisar, uno a uno, los expedientes de los cientos de miles de afectados. El avance, sin embargo, es desigual. Algunas oficinas con menos casos han conseguido completar la tarea. Es el caso del consulado de Fráncfort, en Alemania, que ya ha revisado y remitido toda la información, según confirma Violeta Alonso Peláez, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. El de Rosario, en Argentina, también había enviado los datos este lunes, después de dedicar a esta labor todos sus recursos y trabajar los siete días de la semana, según explica el presidente de la Asociación de Diplomáticos, Alberto Virella. En otros, con un volumen de expedientes mucho mayor, cumplir con el plazo sigue siendo una presión difícil de absorber.
El martes, fuentes de Exteriores aseguraban que solo 32 de los 157 consulados españoles en el mundo habían remitido información, total o parcial, sobre los ciudadanos afectados por la suspensión del derecho al voto en las elecciones del 29-N. Un día después del cierre del censo, el Ministerio asegura que desde la recepción de los primeros autos del Supremo suspendió permisos y vacaciones y ordenó a las oficinas consulares “que destinaran todo el personal que fuera necesario para cumplir los autos y se les trasladó que esta tarea era urgente y prioritaria”, poniendo a disposición también el personal de las embajadas. “Tras el último auto que establece un plazo, se le ha trasladado a todos los consulados que es imperativo que entreguen los datos solicitados para cumplir con ese plazo”, insisten fuentes de ese departamento, que instó además a trabajar este fin de semana.
Este viernes, el Tribunal Supremo ha vuelto a poner cifras al retraso. En dos autos, el alto tribunal recoge los datos aportados por la Abogacía del Estado: se han revisado 31.390 expedientes, apenas uno de cada cinco de los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos afectados por la medida. Hasta ahora, además, los responsables consulares solo han expedido 91 certificados de que los ciudadanos afectados acreditaron efectivamente su condición de descendientes de exiliados (y, de acuerdo con lo dicho por el Supremo, podrán votar).
Con todo, el presidente de la Asociación de Diplomáticos agradece que “por fin haya un plazo”, aunque lamenta que no se haya fijado antes. Hasta ahora, asegura, los consulados trabajaban sin saber el plazo máximo. “La culpa no la tienen los consulados, que preguntaron al Ministerio de Asuntos Exteriores qué plazo tenían”, señala Virella, que denuncia la falta de instrucciones y de una fecha límite clara por parte del ministerio.
“Hay mucha inquietud en el cuerpo”
Otro diplomático reconoce a EL PAÍS que la cuestión de fondo es que los consulados de América Latina —los que han procesado, de facto, la gran mayoría de nacionalizaciones— “no tienen capacidad real”, ni en su momento para aplicar la ley, ni ahora para cumplir con la instrucción exprés del Supremo: “En forma, sí; en tiempo, no”. La red de consulados, denuncia, es la misma que hace 30 o 40 años: “Está muy corta, no está adaptada a la situación actual”. Y advierte de que el clima mediático no va a favorecer que los organismos diplomáticos resuelvan la petición del Supremo con la rapidez exigida: “Hay mucha inquietud en el cuerpo, lo que lleva a extremar las cautelas y ralentiza el proceso. De lo que antes estabas seguro, ahora te surgen dudas”. De acuerdo con la decisión del Supremo, están eximidos de la suspensión (esto es, pueden votar) aquellos para los que los encargados de los registros consulares, “bajo su responsabilidad”, certifiquen que son hijos o nietos de exiliados. “Hay bastante malestar y sensación de que ‘yo voy a hacerlo al ritmo que pueda y con toda la precaución necesaria’”, concluye.
A la falta de medios se añade la propia organización de los expedientes. En algunos consulados, las solicitudes de nacionalidad tramitadas al amparo de la ley de nietos no están separadas de las de quienes obtuvieron la nacionalidad española por otras vías. Esto significa que, para localizar los casos afectados, los funcionarios no pueden limitarse a consultar un grupo de expedientes previamente identificado, sino que deben revisar también los del resto de nacionalizados.
“Hay situaciones diversas”, explica el presidente de la Asociación de Diplomáticos. En algunos consulados, detalla, todas las adquisiciones de nacionalidad se inscriben en el Registro Civil bajo una misma categoría, sin distinguir la vía por la que se concedieron. En esos casos, localizar los expedientes afectados resulta mucho más complicado. Otros consulados, en cambio, sí organizaron y clasificaron la documentación de forma que permite identificar los casos con mayor facilidad.
A esta disparidad se suma que los criterios de organización pueden haber cambiado con el tiempo, incluso dentro de un mismo consulado. “En algunos casos, cambió el titular del consulado. Hubo uno en los primeros años de aplicación de la Ley de Memoria Democrática y después vino otro que no tiene por qué haber seguido la misma organización”, señala el diplomático. Así, la localización de los expedientes no depende solo del volumen de solicitudes, sino también de cómo se archivaron y clasificaron a lo largo de los años.
“Exteriores dijo a los consulados que pondría en marcha una herramienta informática para volcar los resultados de la revisión de cada expediente. La plataforma estaría conectada al Registro Civil Digital, dependiente del Ministerio de Justicia”, explica Virella. El objetivo era que ambos ministerios pudieran consultar los datos en tiempo real, a medida que los consulados los incorporasen al sistema. Pero la herramienta no estuvo disponible en el plazo que Exteriores había anunciado a mediados de septiembre. Según el diplomático, esto llevó a algunos consulados a esperar a que estuviese operativa antes de empezar a revisar los expedientes y volcar la información.
Quedan, pues, muchas dudas por resolver. La principal incógnita es cómo se identificará en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los ciudadanos nacionalizados al amparo de la ley de nietos a los que afecta la suspensión del derecho al voto. La hipótesis que manejan es que todos seguirán figurando en el censo y que será al comprobar sus datos, cuando acudan a votar, cuando se determine si pueden ejercer su derecho o no.
La otra gran incógnita es qué ocurrirá si los consulados no consiguen revisar todos los expedientes dentro del plazo. En el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) figuran todos los españoles que viven en el extranjero, unos 2,7 millones, con independencia de cómo hayan obtenido la nacionalidad: tanto quienes se acogieron a la ley de nietos como quienes llevan décadas residiendo fuera de España.
El problema es que, por ahora, el censo no permite saber qué ciudadanos están afectados por las medidas cautelares del Supremo y cuáles tienen un expediente pendiente de revisión. “Si no se ha registrado el resultado de la revisión de un expediente, no hay manera de distinguirlo del resto de los inscritos en el CERA”, explica Alonso Peláez. Y ahí surge una nueva incertidumbre: “¿No se va a restringir a nadie porque no se han podido identificar a todos o se va a hacer una restricción mayor y a vulnerar el derecho de voto de todavía más personas?”, se pregunta.
Por lo pronto, la JEC acordó la semana pasada enviar la documentación electoral a los 2,7 millones de inscritos en el exterior, incluidos los 163.020 nacionalizados. Todos recibirán una advertencia de la situación y la posible invalidez de su voto en función de lo que el Supremo sentencie definitivamente cuando se produzca el escrutinio, que suele ser unas semanas más tarde de la noche electoral. Y queda, pendiente un segundo envío, una vez conformadas las listas electorales. En su última reunión, la mayoría de la Junta consideró de “ejecución material imposible” determinar antes de las elecciones del 29-N si los nacionalizados por la ley de nietos cumplen los requisitos que exige el Supremo. El lunes que viene se vuelven a reunir.
