El Gobierno mandará esta semana al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que contempla un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que busquen petróleo o pesquen en aguas de las Islas Malvinas, así como contra los barcos que naveguen ilegalmente dentro de las 200 millas de la Argentina.
La iniciativa estaba siendo ultimada este fin de semana por el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios, según confirmaron a Clarín fuentes del oficialismo.
La intención es que el proyecto ingrese al Congreso durante la semana del 14 de septiembre y que el debate parlamentario comience en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre.
Uno de los puntos centrales será establecer un “mecanismo de salida” para las empresas que decidan retirarse de los negocios petroleros y pesqueros autorizados por los isleños, pero que, según la visión del Gobierno, responden a intereses estratégicos de Gran Bretaña.
En concreto, las compañías que abandonen esas actividades tendrían la garantía de que se les levanten las sanciones, explicaron las fuentes consultadas por Clarín. El objetivo político es, básicamente, “ponerle dientes” a la Ley 26.659, sancionada en 2011, que ya establece restricciones para las empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.
El anuncio de estos cambios que hizo Milei la semana pasada, por cadena nacional, ya provocó que tres multinacionales que operan en Vaca Muerta anunciaran que no participaran de la extracción de hidrocarburos en la zona de Sea Lion y la caída del valor de las acciones de
En medios diplomáticos, por otra parte, se estimaba que la iniciativa podría generar un conflicto con el gobierno de España, debido a que varias empresas españolas tienen licencias de pesca emitidas por las autoridades de las Islas Malvinas sin autorización argentina. Es un negocio de 2 mil millones de dólares al año.
El proyecto también contempla avanzar sobre otro instrumento de fuerte impacto jurídico: la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para determinadas imputaciones vinculadas con violaciones a la soberanía nacional.
En el Gobierno analizaban cómo implementar ese mecanismo, que fue pensado principalmente para delitos de extrema gravedad, como atentados terroristas internacionales, entre ellos el ataque contra la AMIA, o delitos de lesa humanidad.
El procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, era uno de los funcionarios que estudiaba la aplicación de esa herramienta. Justamente esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal comenzó a analizar su constitucionalidad a partir de un planteo de las defensas de los ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.
Otro capítulo de la iniciativa apunta directamente al control del Atlántico Sur.
Sin violar las normas establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un equipo de la Cancillería estudiaba si determinados barcos que naveguen dentro de las 200 millas argentinas podrían ser considerados “hostiles” cuando hayan colaborado previamente con empresas dedicadas a buscar petróleo o pescar en aguas de las Malvinas.
Este punto está relacionado con las facultades de la Armada y de la Prefectura Naval en materia de vigilancia y control del Atlántico Sur. Por la velocidad de un barco se puede determinar en los radares si está pescando u en otra actividad. Al Gobierno le preocupa la iniciativa de una empresa de navegación chilena que quiere brindarle apoyo logístico a los operadores de Sea Lion.
La nueva estrategia del Gobierno también incluye un fuerte componente tecnológico. En su discurso de la semana pasada, el presidente Javier Milei habló de la necesidad de “incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones”. Al día siguiente, mediante dos decretos de necesidad y urgencia, el Gobierno reasignó alrededor de $120.000 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que desarrolla y opera satélites.
La apuesta es que esa infraestructura tecnológica permita mejorar el seguimiento en tiempo real de lo que ocurre en el Atlántico Sur y que la Prefectura y la Armada puedan disponer de información más precisa e inmediata sobre los movimientos de buques en la zona.
El ministro de Defensa, teniente general Luis Presti, fue una suerte de “editor” de los capítulos del proyecto relacionados con el papel de las Fuerzas Armadas en el futuro Consejo de Seguridad Nacional, otro de los capítulos que tendrá el proyecto.
Ese organismo será creado por la iniciativa y tendrá entre sus objetivos la defensa de los derechos y los intereses estratégicos de la Argentina en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, además de la protección de infraestructura crítica, como las centrales nucleares, según informaron fuentes de Defensa consultadas por Clarín. El Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la SIDE serán parte de ese nuevo Consejo de Seguridad Nacional.
La definición política de Milei sobre Malvinas también comenzó a traducirse en movimientos concretos dentro del área de Defensa. Sobre todo después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo en Irlanda que eventualmente podría intervenir en el conflicto entre Argentina y el Reino Unido.
En X, Caputo subrayó esta semana: “Lo dijo el Presidente. Las Malvinas no son el pasado. Son el futuro de la Argentina y un activo estratégico para la proyección en el Atlántico Sur. Esta es la discusión más importante en materia de política exterior de la Argentina por las próximas décadas”.
“Es fundamental el apoyo unánime de toda la clase dirigente a todas las medidas que hagan falta para enfrentar este peligro claro y urgente a nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional y nuestra prosperidad”, agregó el asesor presidencial, uno de los principales impulsores del cambio de posición de Milei respecto del conflicto del Atlántico Sur. Y destacó que el 81,3 por ciento consideró "muy bueno" el cambio de posición de Milei.
Consultado por Clarín, Marcelo Seghini, asesor de la Cámara de Diputados y director de la Comisión de Defensa de la Fundación Alem, estimó que el proyecto “equiparará y sancionará la explotación pesquera no autorizada con la exploración y explotación de hidrocarburos dentro del ámbito de la Ley 26.659”.
Según explicó, la iniciativa alcanzará “a toda actividad pesquera que se lleve a cabo sin concesión, permiso o autorización de la autoridad de aplicación argentina dentro de la Plataforma Continental Argentina y la Zona Económica Exclusiva (ZEE)”.
En cuanto al denominado “régimen de sanciones y penalidades”, Seghini señaló que se prevén “inhabilitación para operar en el país, decomiso de buques o de las capturas obtenidas ilegalmente y sanciones económicas severas”.
El alcance, además, sería corporativo. “Las penalidades se extienden a empresas asociadas, filiales, accionistas y proveedores de servicios que brinden apoyo logístico u operativo a flotas o buques que operen sin autorización argentina en la zona”, explicó.
Otro de los puntos será la prohibición de contrataciones estatales. Las empresas vinculadas con la pesca no autorizada podrían quedar inhabilitadas para actuar como proveedoras del Estado o desarrollar determinadas actividades comerciales en el territorio nacional.
La nueva base naval en Ushuaia
El nuevo enfoque sobre Malvinas también tuvo el viernes una expresión concreta en Ushuaia. Milei envió al canciller Quirno y al ministro de Defensa, Luis Presti, a recorrer el predio donde se construirá la futura base naval integrada, uno de los ejes de la nueva estrategia presidencial para el Atlántico Sur.
Durante la visita recibieron una presentación del jefe de la actual base naval sobre el proyecto, que contempla un muelle de 500 metros, galpones y otras instalaciones sobre la platea ya construida. El resto del predio, por ahora, continúa como tierra baldía.
El proyecto también contempla una pista de aterrizaje desde la que podrían operar aviones Hércules C-130 con destino a la Antártida y aeronaves Orion utilizadas para tareas de vigilancia y control del Atlántico Sur.
La futura base demandaría una inversión estimada de entre US$400 millones y US$500 millones. Ya hubo una reasignación de alrededor de US$142 millones del presupuesto vigente a través de dos DNU firmados por Milei.
Además, el Presidente instruyó esta semana al ministro de Economía, Luis Caputo, para que incluya en el próximo Presupuesto la financiación de la Base Conjunta Antártica Petrel, que forma parte del proyecto oficial para ampliar la presencia y la capacidad operativa argentina en la región.
Un plan de obras para la base
Fuentes de Defensa informaron que Presti se reunió el miércoles con Milei y le presentó un plan de obras que contempla terminar el contrato que actualmente tiene Tandanor para la primera etapa y luego llamar a una licitación pública para completar el resto del proyecto. Y que la obra podría empezar en enero.
Así, detrás de la nueva ley que el Gobierno enviará al Congreso aparece una estrategia más amplia: endurecer las sanciones económicas contra las empresas que operen en actividades vinculadas con Malvinas, ampliar las herramientas judiciales para perseguir esas operaciones y, al mismo tiempo, aumentar las capacidades militares, tecnológicas y de vigilancia de la Argentina en el Atlántico Sur.
Antecedentes
Esta semana, Quirno presentó una demanda penal ante el juez Julián Ercolini contra varias empresas vinculadas al proyecto -entre ellas la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration-, sus directivos y representantes. En fuentes judiciales se estima que la causa se abrirá entre el lunes y martes próximos.
La Cancillería argentina inició el pasado viernes procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos -personas físicas y empresas- por su presunta participación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.
La denuncia penal anunciada por Argentina en un comunicado señala a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de los directivos, gerentes, representantes y otras personas que hubieran intervenido en las operaciones.
Por otra pate, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ya aceptó un planteo de ex combatientes de la guerra de Malvinas para decidir si suspende la exploración de petróleo del proyecto Sea Lion.
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