Somos más ricos, pero más desiguales. Con este diagnóstico claro y cada vez más datos que explican cómo se ha llegado a ello, se multiplican también las propuestas para revertir la tendencia. Entre ellas, el establecimiento de un impuesto mínimo a los grandes patrimonios, un tributo progresivo o hasta la imposición de un límite máximo a la riqueza. En función del esquema, los tipos y los umbrales elegidos, los ingresos adicionales para las arcas públicas en España podrían cubrir entre algo más de un punto del gasto en pensiones hasta financiarlo por completo, según el informe Un tope a la Riqueza para España. “La recaudación se podría invertir en otras muchas cosas”, puntualiza Marina Alcázar, investigadora de la Paris School of Economics y una de las autoras del estudio. “Necesitábamos darle una magnitud, porque hablamos de cifras tan grandes que son difíciles de imaginar. Y las pensiones son un problema que actualmente no tiene solución y que le preocupa a todo el mundo”.
En España, donde la desigualdad es más moderada que en otras latitudes, el 10% más rico ya concentra el 57% del patrimonio total. A escala global, las proporciones son aún más sangrantes: el 10% de la población acapara más de la mitad de la renta global y tres cuartas partes de la riqueza. “La riqueza excesiva no es solo una cuestión de desigualdad: puede permitir a las personas más ricas actuar de forma injusta y poner en peligro el correcto funcionamiento del orden jurídico y político de las sociedades democráticas”, alerta el informe, impulsado por la nueva campaña europea The Wealth Cap Project, de la que Alcázar es cofundadora y que aboga por limitar la acumulación de riqueza.
La iniciativa, que se presentará el próximo lunes en el Congreso y ha inspirado el nuevo gravamen a los grandes patrimonios registrado por Sumar, se inscribe en el filón académico sobre desigualdad que inauguró, entre otros, el francés Thomas Piketty hace más de una década. Hoy en día existe una nutrida red internacional de investigadores que ha destripado el fenómeno y puesto sobre la mesa soluciones que han estado en el centro de la agenda pública. Entre los ejemplos figuran la tasa a los superricos diseñada por Gabriel Zucman, que llegó a debatirse en la Asamblea francesa, o el panel internacional sobre desigualdad encargado por la presidencia sudafricana del G-20 y presentado por el Nobel Joseph E. Stiglitz, que esta misma semana más de 30 exjefes de Estado y de Gobierno han pedido impulsar en la ONU.
El informe Un tope a la Riqueza para España, del que también son coautores Olga Cantó, profesora en la Universidad de Alcalá, y Francisco García-Rodríguez, investigador en el mismo centro, elabora una serie de simulaciones, a partir de tres mecanismos distintos, para gravar de forma más equitativa la riqueza en España. Aunque sea uno de los pocos países que contempla impuestos al patrimonio en su conjunto, con una figura autonómica y otra estatal —siendo la primera deducible de la segunda—, estos gravámenes recaudan poco, unos 2.000 millones al año, y las fortunas de más de 10 millones soportan un tipo efectivo que apenas alcanza el 0,2%.
La primera propuesta, de hecho, es un impuesto mínimo para que los más acaudalados dejen de beneficiarse de los agujeros que ofrece el sistema tributario en forma de deducciones y exenciones y paguen un porcentaje mínimo de su riqueza total. Un tipo efectivo del 2% a fortunas de más de 100 millones —que solo se aplicaría a la cuantía que excede este umbral— recaudaría 2.700 millones, equivalente a un 1,4% del gasto en pensiones; el importe alcanzaría los 4.800 millones con un tipo del 3,5%. Si el gravamen empezara a aplicarse a partir de los 10 millones, los ingresos crecerían de manera significativa: hasta 7.200 millones con un tipo del 2%, y 12.500 millones si se elevara al 3,5%, cifra que podría cubrir el 6,4% del gasto en pensiones.
El gravamen solo se pagaría cuando la aportación al fisco, sumados todos los impuestos, fuera inferior al 2% de la riqueza total (o al 3,5%, en función del tipo elegido). En este caso, el contribuyente abonaría la diferencia hasta alcanzar el porcentaje fijado. La propuesta calca la tasa Zucman que se intentó introducir en Francia, que contempla un tipo mínimo del 2% para fortunas superiores a los 100 millones de euros, pero adaptándola a la demografía española, donde hay menos megarricos, a partir de los datos de 2023 del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria (en euros de 2026).
El segundo planteamiento es distinto, pero la base es parecida: un tributo progresivo a las mayores fortunas, tal y como plantea el informe Global Justice Report de la iniciativa internacional World Inequality Lab. Este esquema no contempla un suelo mínimo, sino varios tramos de riqueza que, ajustados al patrimonio medio español, empezarían a tributar a partir de los 1,5 millones hasta un tipo marginal máximo del 20% para la cuantía que exceda los 750 millones. El impuesto tendría el potencial de recaudar unos 62.500 millones al año, más de un tercio del gasto en pensiones. Afectaría a unas 350.000 personas con una fortuna conjunta acumulada de 1,37 billones, que pasarían a soportar un tipo medio efectivo del 4,57% sobre su patrimonio total frente al 0,94% actual.
La última propuesta, más cercana al campo de lo imaginario que de lo posible por su impacto confiscatorio, se basa en fijar un tope máximo a la riqueza. En función del umbral elegido, la cifra movilizada cambiaría mucho, pero en todos los casos estaría por encima de las simulaciones anteriores. Un límite de 1.000 millones de patrimonio afectaría tan solo a 23 individuos (con datos de 2023) y recaudaría 50.300 millones. Bajar el umbral a 10 millones permitiría movilizar 357.500 millones, un importe que cubriría de sobra la factura anual de las pensiones.
Alcázar matiza que los resultados no dejan de ser simulaciones con variables constantes, que suponen que los millonarios afectados por estas iniciativas no reaccionarán para esquivarlas mediante ingeniería fiscal o traslados de residencia. Pero ofrecen una ventana más sobre la concentración extrema de la riqueza, hasta el punto de que no queda claro qué resulta más llamativo: la magnitud del problema o las reticencias en implementar medidas para atajarlo.
