El Ministerio de Consumo mantiene su cruzada contra los anuncios fraudulentos en los portales inmobiliarios. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha anunciado este viernes que ha detectado 8.300 alojamientos turísticos ofertados como alquileres de temporada en dos plataformas digitales, a las que ha exigido su retirada al considerar que incumplen los nuevos parámetros establecidos por el real decreto aprobado el pasado 6 de octubre. Pese a que no ha trascendido el nombre de las empresas (el ministerio suele omitirlos cuando los procedimientos no están concluidos), sí se conoce que la mayoría de esos anuncios, unos 6.500, se concentran en Madrid. Ofrecer como alquileres de temporada lo que en realidad son pisos turísticos permite a quienes los anuncian eludir las mayores trabas que existen ahora a la vivienda vacacional.
En esta última actuación, Consumo ha detectado que 8.318 anuncios permitían reservas de menos de 31 días. A juicio del ministerio, esas viviendas se estaban comercializando como alquileres de temporada sin cumplir las condiciones exigidas para esta modalidad tras los últimos cambios normativos. El departamento considera que esta práctica puede constituir una comunicación comercial engañosa y, por tanto, una infracción de la legislación de consumo. La mayor parte de los anuncios identificados se localizan en la Comunidad de Madrid, con 6.772 casos, de los que 6.523 corresponden a la capital.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2023, los alquileres de temporada han sido utilizados por numerosos propietarios para esquivar algunas de las limitaciones que afectan a los arrendamientos de vivienda habitual, especialmente las relacionadas con la regulación de precios, la duración de los contratos y la actualización de rentas.
Presentar una vivienda turística como alquiler de temporada también permite eludir algunos de los requisitos que pesan sobre esta actividad, como la obtención de licencias específicas, el pago de impuestos ―a partir del 1 de diciembre estarán sujetas a un IVA del 10%― o las restricciones aprobadas por algunas comunidades de propietarios. El nuevo real decreto endurece las condiciones para poder formalizar arrendamientos bajo esta fórmula, ya que exige que exista una causa temporal concreta, que además debe quedar debidamente justificada y acreditada.
Expedientes sancionadores
Consumo ha comunicado formalmente a las dos plataformas la existencia de estos posibles incumplimientos y les ha instado a bloquear o eliminar las ofertas afectadas. El ministerio advierte de que, una vez notificadas, las compañías pueden pasar a ser responsables directas sobre esos contenidos si los mantienen accesibles. En ese caso, podrían enfrentarse a la apertura de expedientes sancionadores.
Este último movimiento se enmarca en la ofensiva que el departamento de Pablo Bustinduy mantiene desde hace meses contra las prácticas que, a su juicio, distorsionan el mercado de la vivienda. La actuación llega después de que Consumo abriera investigaciones a varios portales inmobiliarios por anunciar alquileres en zonas tensionadas por encima de los límites fijados por la Ley de Vivienda y de que endureciera el control sobre las plataformas digitales de alojamiento turístico.
En este último frente, el ministerio logró la retirada de más de 65.000 anuncios ilegales de Airbnb y posteriormente impuso a la compañía una sanción de 64 millones de euros por permitir la publicación de viviendas turísticas sin licencia. También consiguió que Booking eliminara miles de anuncios irregulares y ordenó la retirada de más de un centenar de ofertas turísticas ubicadas en territorios palestinos ocupados. La batería de actuaciones se ha extendido además a las empresas de intermediación inmobiliaria: el pasado diciembre, Consumo multó con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por vulnerar los derechos de los consumidores y mantiene abierto un expediente sobre otra gran compañía del sector.
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