El Consejo de Ministros desclasificará este martes “todos los informes de situación y alerta” elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la inteligencia militar, la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros organismos competentes que el Gobierno recibió entre el 1 de julio y el 1 de agosto sobre la presión migratoria en Ceuta, que culminó con la entrada masiva de inmigrantes irregulares el 30 y 31 de julio. Fuentes gubernamentales restan validez al informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que apunta que agentes marroquíes “guiaron” a los inmigrantes en el asalto a Ceuta, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no fue informado después de que la magistrada María Tardón de la Audiencia Nacional pidiera a sus autores la “máxima reserva”.

En La Moncloa insisten en que los documentos que el Ejecutivo hará públicos prueban que no fue advertido de la magnitud de la crisis que se avecinaba: entre 70.000 y 80.000 personas entraron de forma ilegal en la ciudad y la inmensa mayoría cruzó de regreso a Marruecos en los días posteriores. Como ya sucedió el pasado febrero con la desclasificación de documentos del intento de golpe de Estado del 23-F, la documentación no estará disponible en principio hasta el miércoles por la mañana, un día después de su desclasificación.

Las fuentes consultadas hablan de más de una decena de informes entre los que se incluirá la información aportada por el Ministerio de Migraciones a lo largo del mes de julio sobre el incremento de llegadas a nado a Ceuta, que se aceleraron después de una sentencia del Tribunal Supremo que determinó que no se podía devolver en caliente a quienes entrasen por mar a Ceuta y Melilla. Aparte del informe del CENIF, la Jefatura de Información de la Guardia Civil entregó la semana pasada otro documento a la jueza Tardón con información sobre las comunicaciones que se hicieron con diferentes organismos y agencias estatales de Información e Inteligencia —sin mencionar expresamente al CNI— los días anteriores a la avalancha en Ceuta. En ninguna de esas comunicaciones, según fuentes del Ejecutivo, se anticipó la dimensión de la entrada masiva.

Pedro Sánchez anticipó la publicación de los informes en su comparecencia la semana pasada en el Congreso, en la que se abrió a la atribución de responsabilidades a Marruecos para rebajar la presión pero al mismo tiempo insistió en que no disponía de pruebas que no dejaran dudas sobre quién estuvo detrás de la crisis fronteriza. El presidente afirmó que ninguno de esos informes “iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario”. Y enfatizó que ninguno “previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente ocurrió”. “Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede”, concluyó.

El presidente ha reiterado este lunes ante los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE en el Congreso que es prioritario “entender qué ha pasado” para que “no vuelva a suceder” y se ha comprometido a “esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio”. “Cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con transparencia, como siempre hemos hecho, y siempre también en defensa del interés de los españoles y del interés general de nuestro país”, ha añadido.

El Gobierno insiste en todo caso que la información reservada que desvelará este martes se ceñirá a la información que manejó el mes de julio hasta el 1 de agosto, cuando ya se había producido el asalto fronterizo. Entretanto, el ministro del Interior ha reiterado este lunes que ningún informe permite concluir el “autor intelectual” de la crisis de Ceuta. “Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos, en la cooperación y coordinación con ellos, que es excelente en todos los ámbitos”, ha aseverado Marlaska durante el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre siniestralidad en las carreteras españolas en los meses de verano. “A día de hoy no existe ningún elemento sustentado en hechos mínimamente lógicos, razonables y objetivos de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro Estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual de la crisis de Ceuta”, ha zanjado. La jueza Tardón de la Audiencia Nacional en cambio aprecia indicios de “una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero” y entiende que “se ha evidenciado una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos”.