El desarrollo rural necesita proyectos que reactiven la economía de nuestros pueblos, entre ellos los eólicos, que contribuyen también a la transformación del modelo energético. Sin embargo, la realidad del sector eólico muestra un panorama crítico de paralización administrativa.

De los 34.750 megavatios (MW) eólicos que el PNIEC preveía instalar en el decenio 2021-2030, en los primeros cinco años apenas se han puesto en marcha 4.927 MW, lo que representa un modesto 14% del objetivo. Este retraso no obedece a la falta de interés inversor ni a la ausencia de capacidad industrial, sino a un entramado de barreras administrativas, jurídicas y fiscales. Los parques eólicos construidos en 2025 tuvieron que soportar procesos de tramitación y construcción de más de cinco años. A ello se suma una asfixiante situación jurídica derivada de miles de recursos de alzada, frecuentemente impulsados mediante plantillas de copia y pega por plataformas que se oponen a cualquier tipo de proyecto, exigencias ambientales que desbordan la normativa europea y una presión fiscal que se incrementa ejercicio tras ejercicio. En la actualidad hay proyectos eólicos que acumulan más de tres años de retraso por la lenta resolución de los recursos que los tienen paralizados.

La factura del estancamiento

La brecha entre los objetivos fijados y la realidad se traduce en una pérdida de oportunidad para la vertebración del medio rural español. Si en este lustro se hubieran instalado 10.000 MW adicionales (alcanzando el 43% de la meta para 2030), la inversión directa habría alcanzado los 15.000 millones de euros, inyectados prioritariamente en las provincias más desfavorecidas.

Esta parálisis ha tenido un impacto directo en la industria eólica nacional. Entre 1.500 y 2.000 aerogeneradores made in Spain han dejado de fabricarse e instalarse, restando carga de trabajo a nuestras fábricas y privando al territorio de miles de empleos directos e indirectos. Asimismo, se han frustrado más de 300 convenios socioeconómicos entre empresas promotoras y ayuntamientos, acuerdos que habrían aportado un flujo financiero constante durante los más de 30 años de vida útil de las instalaciones.

Esta falta de dinamismo económico castiga con especial dureza a las zonas del norte peninsular golpeadas por la reconversión industrial y el cierre de las cuencas mineras y de las centrales térmicas tradicionales. En estos entornos, el desarrollo eólico representa prácticamente el único motor sustitutivo para la reindustrialización y la generación de ingresos locales. Sin estas infraestructuras, el impulso económico del territorio se apaga y la industria intensiva en electricidad ve comprometida su competitividad ante el encarecimiento de los costes energéticos, amenazando el empleo de miles de familias.

El caso gallego

El paradigma del impacto que produce la paralización judicial se ha vivido con especial intensidad en Galicia, donde el bloqueo de cerca de 2.500 MW eólicos solo se ha empezado a reconducir de forma gradual tras los pronunciamientos favorables del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Tomando como referencia la congelación de 2.000 MW (500 MW al año) entre 2023 y 2026 y una pérdida de generación eléctrica de 14 teravatios hora (TWh), las consecuencias socioeconómicas son demoledoras. A nivel estatal, el Estado ha tenido que asumir un coste de 1.243 millones de euros en importaciones no evitadas de combustibles fósiles y en la compra de derechos de emisión, además de perder 588 millones por IVA no ingresado.

A nivel autonómico, la economía gallega ha dejado de recibir 2.800 millones en inversiones y ha perdido la oportunidad de crear 5.700 puestos de trabajo. Asimismo, su tejido industrial ha carecido de 14 TWh de energía limpia a precio competitivo. A nivel local, los ayuntamientos han dejado de percibir 142 millones por impuestos municipales (ICIO, Bices e IAE), cánones y alquileres.

Cada aerogenerador de 5 MW bloqueado ha supuesto una pérdida de 4,57 millones para las arcas y la economía nacional, más de 6 millones en inversión no ejecutada en la comunidad autónoma, 13,5 empleos no creados y 330.000 euros menos para los presupuestos de los municipios que los acogían.

Un cambio de rumbo indispensable

La conclusión de estos datos es inequívoca: no puede haber un progreso ecológicamente responsable ni socialmente equitativo si no existen las inversiones que lo financien. Sin la construcción de los parques eólicos, el proceso de cambio carece de base económica y condena al medio rural al estancamiento y a la despoblación.

Para corregir esta deriva, es urgente que las administraciones públicas cumplan los plazos de tramitación que exige la directiva europea de renovables (fijados en un máximo de un año), adecuen los condicionados ambientales a la normativa comunitaria y garanticen un marco de seguridad jurídica que impida que el bloqueo sistemático frene la reactivación económica y la cohesión territorial de la España rural.