El fuerte incremento de la inflación, que ha alcanzado casi el 5% en septiembre, impulsado por un encarecimiento de más del 20% en los productos energéticos, está abriendo una brecha cada vez más acusada con el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras el índice general de precios escala a su máximo nivel desde febrero de 2023, los asalariados se enfrentan a este embate con mucha incertidumbre. Los convenios colectivos firmados en lo que va de ejercicio recogen un incremento medio del 3,76%, pero la subida ponderada del conjunto de los acuerdos vigentes —sumando aquellos acordados en años anteriores con efectos para 2026— se queda estancada en el 3%, encadenando meses consecutivos de pérdida en la capacidad de compra. La merma en septiembre asciende ya a dos puntos porcentuales respecto al incremento salarial de los trabajadores que ya tienen sus condiciones cerradas para 2026, aunque el efecto se mitiga en el promedio del conjunto del año.
Además, la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), donde las cúpulas sindicales y patronales pactan las recomendaciones salariales para la negociación de los convenios, está totalmente paralizada por incomparecencia de la patronal y no tiene visos de desbloquearse. Mientras, los principales sindicatos (CC OO y UGT) han anunciado que exigirán un incremento del salario mínimo interprofesional del 4% al 7% anual para los próximos tres años. Y Trabajo prepara esa subida, que previsiblemente rondará el 5% según se desprende de los mensajes que ha transmitido el ministerio y de los informes que ha elaborado el comité de expertos en años anteriores, con la intención de aprobarla antes de las elecciones generales. En cualquier caso, la huelga general del 11-N tiene como uno de los principales motivos el incremento de salarios para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores y facilitar el acceso a la vivienda.
El problema se agrava por las carencias de la propia negociación colectiva, pues la mayoría de los empleados no tienen en sus contratos ningún tipo de revisión salarial vinculada a los precios. De hecho, las cláusulas de garantía salarial solo están presentes en el 30% de los convenios y protegen a alrededor del 40% de los trabajadores con uno de estos acuerdos, explica el secretario de acción sindical de Comisiones Obreras, Javier Pacheco. Esto dejaría a seis de cada 10 de estos trabajadores desprotegidos frente a la inflación, más todos aquellos que ni siquiera estén amparados por un convenio.
La ausencia de cláusulas de revisión tiene precisamente su origen en un periodo en el que ese riesgo parecía mucho menor. Durante más de una década, España convivió con tasas de inflación muy bajas. En ese contexto, los convenios solían pactar incrementos salariales en torno al 2% y las cláusulas que permitían corregir posteriormente esas cantidades apenas se activaban. “Hay que remontarse a un largo período superando la década con niveles de inflación por debajo del 2%, donde se pactaba un incremento inicial en ese porcentaje y hacer efectiva la cláusula de revisión no tenía operatividad, por lo que fueron desapareciendo de todos los convenios”, explica Pacheco.
Pero los años de poca inflación han quedado atrás y en la actualidad el IPC se sitúa en el 4,9%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Este salto registrado en el mes de septiembre representa, previsiblemente, el pico inflacionario del año, según explica Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. En los próximos meses se espera que el índice baje de forma paulatina hasta situar el promedio anual entre el 3,7% y el 3,9% (en línea con las previsiones del Banco de España).
Sin embargo, esta aparente coincidencia entre el promedio anual y la subida de los convenios de nueva firma no evita el empobrecimiento real de las familias. Primero, porque la mayoría de los trabajadores están cubiertos por pactos plurianuales anteriores cuyos incrementos retributivos son más moderados. Segundo, porque incluso si el ritmo de crecimiento se modera en el tramo final del año, el nivel absoluto alcanzado sigue siendo superior. Un salto que, en opinión del economista, “los hogares están amortiguando a costa del ahorro”.
La presión sobre las rentas de las familias proviene principalmente de los productos energéticos, que se han encarecido más de un 20%. El aumento de la energía se transmite además a otros precios a través del transporte y de los costes de producción. El gas natural, por ejemplo, es un insumo fundamental para la fabricación de fertilizantes, de modo que el impacto energético puede terminar afectando a los costes agrícolas y, posteriormente, a los precios de los alimentos. Y aunque en este terreno las variaciones siguen lejos del doble dígito, los analistas apuntan a que es cuestión de tiempo para notar un repunte en los supermercados.
La pérdida del poder adquisitivo se produce, además, cuando los hogares aún arrastran las consecuencias de anteriores crisis de precios. Los datos de Euroconsumers (una organización europea que engloba varias asociaciones de consumidores) recogidos en un reciente análisis muestran que alrededor de dos de cada cinco hogares en España tienen dificultades para costear la carne y otra fuente de proteínas, mientras que más del 25% encuentran problemas para adquirir productos básicos de la cesta de la compra. En el caso de la energía, el 28% de los hogares de España declaraban dificultades para pagar las facturas incluso antes de la subida de precios que ha provocado por la guerra en Oriente Próximo.
Ahora, el nuevo bucle inflacionario en el que parece adentrarse la economía está frenando el ritmo al que se cierran los convenios laborales. Hasta antes del verano, la negociación avanzaba a un ritmo similar al del año anterior y había cerca de tres millones de trabajadores afectados por nuevos acuerdos. “No obstante, desde la vuelta de las vacaciones las negociaciones se han paralizado porque la gente no quiere hacer frente a ese repunte de inflación. Ahora vamos a ver un proceso de ralentización de registros”, señala Pacheco.
Los analistas insisten en que si los salarios no sufren una revisión al alza, habrá una reducción en la capacidad de compra de las familias que, previsiblemente, afectará sobre todo a las rentas más bajas. En esa misma línea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido esta semana en que “una inflación persistente que conlleve tipos de interés más altos y un menor crecimiento del ingreso real podría elevar aún más la carga del servicio de la deuda para los hogares de bajos ingresos”. Y ha añadido que “los hogares de menores ingresos podrían verse afectados de manera desproporcionada debido a sus limitados colchones de liquidez”.
